¿Qué les depara el futuro a las personas trans solicitantes de asilo atrapadas en México?

«Si regresara a mi país, temería por mi vida». Para las mujeres hondureñas, este viaje extenuante termina en un limbo en la frontera estadounidense que puede durar meses.

Por Aurora Almendral, Danielle Villasana
Fotografías de Danielle Villasana
Published 4 feb. 2021 16:50 CET
Fotografía de Kataleya, Ángel y Ondina

Kataleya Nativi Baca, una mujer trans hondureña que quiere solicitar asilo en Estados Unidos, sostiene una bengala el 25 de diciembre del 2020 mientras su novio, Ángel M. Mejía Ortiz, y su amiga Ondina Flores, también migrante hondureña, la miran. Los momentos alegres son infrecuentes para quienes esperan en un limbo en Tijuana, México.

Fotografía de DANIELLE VILLASANA

Kataleya Nativi Baca (29) puede ver los pastizales amarillos de San Ysidro, California, desde las colinas de Tijuana. Las palmeras que se mecen a menos de dos kilómetros de su cabaña han echado raíces en el lugar que ella llama el otro lado. Cuando va a la playa en Tijuana, las arenas de San Diego están al alcance de la mano entre los estrechos huecos de los bolardos de acero de seis metros de alto que componen el muro fronterizo. Pero Kataleya nunca se había sentido tan lejos de Estados Unidos.

«Ir al muro te recuerda los sacrificios que has hecho y la incapacidad de cruzar al otro lado», cuenta Kataleya.

Kataleya es una mujer transgénero de San Pedro Sula, Honduras. Es una de las casi 60 000 personas solicitantes de asilo en Estados Unidos que, conforme al programa «Permanecer en México» del expresidente Trump, se han visto obligadas a esperar a que revisen sus solicitudes fuera de Estados Unidos. Kataleya podría tener motivos para albergar nuevas esperanzas. El 2 de febrero, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva para investigar la política y posiblemente permitir que los solicitantes de asilo esperen a que procesen sus peticiones en Estados Unidos en el futuro próximo.

Kataleya lava los platos en el fregadero exterior de su complejo de apartamentos de Tijuana.

Fotografía de DANIELLE VILLASANA

Luis Energe Lesin Hernández, un hombre gay de Guatemala, es el vecino de Kataleya. Llegaron el mismo día en septiembre del 2019 y ambos han estado esperando para presentar sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. En la foto, Luis enseña el número que indica su puesto en la fila, que dejó de avanzar hace 10 meses.

Fotografía de DANIELLE VILLASANA

Kataleya huyó de su casa tras soportar años de intolerancia y maltrato por parte de su familia y la discriminación de su comunidad. Cuando su hermano le dio una paliza, le fracturó la clavícula y la amenazó de muerte, se marchó.

«Dijo que no iba a quedarse a gusto hasta que me viera muerta, hasta que lograra su objetivo de verme en un ataúd», cuenta Kataleya sobre su hermano.

Alexa Smith (20), otra mujer transgénero hondureña de San Pedro Sula, se encuentra en el sur de México y está avanzando poco a poco hacia la frontera estadounidense. «Tengo muchas metas que quiero alcanzar», dice Alexa. «Ahora mismo, no puedo alcanzarlas».

Según SinViolencia LGBT, una red de 10 grupos de activistas de Latinoamérica y el Caribe, desde el 2014 más de 1300 personas LGBT han sido asesinadas en la región, un 86 por ciento de ellas en Colombia, México y Honduras.

Kataleya y Ángel suben por una cuesta para rellenar el tanque de propano en la gasolinera. Pasan los días realizando actividades cotidianas y anhelando entrar en Estados Unidos.

Fotografía de DANIELLE VILLASANA

Entre el 2007 y el 2017, casi 4400 personas LGBTQ solicitaron asilo en Estados Unidos. La mayoría procedía de El Salvador, Honduras y Guatemala, según una solicitud conforme a la Ley de Libertad de Información del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos obtenida por NBC News.

Kataleya dice que quería cambiar el nombre y el género que figuran en su pasaporte, conseguir un empleo, trabajar duramente y labrarse un futuro. «Lo que más quiero es un lugar donde vivir. Una casita, me da igual que sea pequeña, donde pueda respirar el aire y vivir en la paz que siempre he querido», dice.

Kataleya llegó a Tijuana en septiembre del 2019, donde se topó con la maraña de políticas del gobierno de Trump introducidas mediante cientos de acciones ejecutivas con el fin de frenar la inmigración a Estados Unidos.

En la frontera, miles de personas recibieron un número y han tenido que esperar allí, a menudo durante meses, para poder presentar sus solicitudes de asilo. En lugar de poder entrar a Estados Unidos —la política de los gobiernos anteriores—, se ordenó a las personas con casos abiertos que permanecieran en México y esperaran su turno en el juzgado.

«[El expresidente] Trump ha creado un laberinto de políticas que, en conjunto, dan a mucha gente una probabilidad de casi un cero por ciento», afirma Eli Maurus, abogada del Transgender Law Center, una organización de activismo con sede en Oakland, California, que tiene una oficina en Tijuana. Maurus representa a Kataleya y su petición de asilo.

En Tapachula, en la frontera meridional de México, Kataleya, que apoya la cabeza en los hombros de la mujer que está delante de ella, espera en la fila frente a la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en septiembre del 2019.

Fotografía de DANIELLE VILLASANA

En el 2020, la oficina, que gestiona los asuntos de refugiados y migrantes, se había quedado prácticamente desierta.

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Las restricciones por la pandemia han incrementado las barreras y las probabilidades de que Kataleya entre en Estados Unidos han disminuido. Ella y otros miles de solicitantes de asilo han estado esperando indefinidamente. Muchos viven en alojamientos abarrotados o en campamentos miserables junto a la frontera. Durante su espera en México, los migrantes LGBTQ suelen afrontar los mismos peligros por los que abandonaron sus países.

«Estos son los obstáculos colocados de forma intencionada», afirma Maurus.

En el 2019, Estados Unidos concedió asilo a 46 508 personas, la cifra más elevada en más de 15 años, según datos del Informe Anual de Flujos Migratorios del Departamento de Seguridad Nacional, publicado en septiembre del 2020. Las políticas del gobierno de Trump para disuadir y restringir las solicitudes de asilo coincidieron con un aumento del número de solicitantes de asilo, en gran medida debido al repunte de violencia en Centroamérica, señala Sarah Pierce, analista política del Migration Policy Institute, un laboratorio de ideas. Aunque han admitido a más migrantes, es una proporción más pequeña comparada con la cantidad total de personas que solicitan asilo.

Según datos del Departamento de Justicia analizados por el Migration Policy Institute, en el 2016 se aprobaron un 43 por ciento de los casos de asilo. Para el 2020 se habían desplomado al 26 por ciento, el porcentaje más bajo desde 1997.

El día de Navidad, Kataleya recibió un cupón para el supermercado —una ayuda para comprar comida y otros productos básicos— emitido por la Organización Internacional para las Migraciones. Había perdido su último cupón un mes antes y había pasado semanas comiendo muy poco. Con el cupón nuevo compró huevos, salchichas, arroz, mayonesa y un abrigo para protegerse del frío invierno de Tijuana.

Fotografía de DANIELLE VILLASANA

Pierce dice que está por ver cómo se desarrollan las intenciones del presidente Biden de deshacer algunas políticas de inmigración. «Antes de las elecciones, Biden hizo muchas promesas bastante agresivas sobre el asilo», afirma Pierce. «Y ahora hemos visto un lenguaje mucho más moderado por parte de su gobierno, porque la situación en la frontera sur es bastante complicada». Los complejos aspectos logísticos y políticos sobre el asilo significan que «todo será lento», afirma.

«Debido a la cantidad desmesurada de violencia y persecución que ha soportado [Kataleya] en Honduras y México, deberían permitir que entre de inmediato en Estados Unidos y que comience su solicitud de asilo», dice Maurus. Ha presentado una moción para que Kataleya entre en Estados Unidos mientras espera a que se tome una decisión sobre su caso, que podría llevar de cuatro meses a varios años.

Espero que «el nuevo gobierno haga lo correcto desde un punto de vista legal y moral y permita que ella y otras personas LGBT que están esperando en México pasen [a Estados Unidos]».

La vida en el limbo

Los 17 meses que ha pasado Kataleya en Tijuana han sido traumáticos. En un albergue, le robaron sus pertenencias. Fue expulsada de otro tras contraer bronquitis y en un tercer albergue le dieron una paliza. Empezó a salir con un hombre y después rompió con él porque bebía demasiado. Más adelante, se mudó con otro. Dos semanas después de que le dieran cita para reunirse con las autoridades de inmigración estadounidenses, en marzo del 2020, llegó la pandemia.

«De la noche a la mañana, todo se vino abajo», afirma Kataleya.

Kataleya ve la televisión tumbada en la cama. Dice que los largos meses de incertidumbre y trauma en la frontera la están agotando. «La gente me ve feliz, pero no sabe cómo me siento por dentro. Estoy triste por dentro», dice. A menudo se pregunta qué ha hecho para merecer el sufrimiento que ha soportado.

Fotografía de DANIELLE VILLASANA

En Ángel, Kataleya ha encontrado un compañero, pero él no quiere ir a Estados Unidos.

Fotografía de DANIELLE VILLASANA

Micho, el gato, reconforta a Kataleya cuando está sola. Dice que Micho vino de Estados Unidos y quiere llevárselo con ella cuando le concedan asilo.

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Una orden emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades detuvo el procesamiento de nuevas solicitudes de inmigración y cerró la frontera a la gran mayoría de solicitantes de asilo. En junio del 2020, la agencia de inmigración estadounidense solo había examinado 622 solicitudes de asilo en la frontera; en cambio, en junio del 2019 se habían examinado 10 847.

Para Kataleya, la esperanza que la ha impulsado en su difícil viaje desde Honduras se apagó. Regresar a casa no era la solución. «No puedo volver, porque si regresara a mi país, temería por mi vida», dice Kataleya. En Honduras «soy mujer muerta».

Cayó en una depresión y ha pasado días manteniendo a raya el aburrimiento, esperando ese cambio de política que quizá transforme su vida. Le pidió a su actual pareja, Angel M. Mejia Ortiz (39), que también es de Honduras, que le consiguiera trabajo con él en la construcción. Pero él se negó, diciendo que podía mantenerla él solo.

En el pequeño piso de una habitación que comparten, se tumba en la cama zapeando entre programas de televisión diurnos. Ha cambiado los muebles de sitio, colocado la cama contra una pared y el armario contra la otra. Una semana después, ha vuelto a cambiarlos. Ha enyesado todos los agujeritos de las paredes. Ha vestido a su gato Micho con un pelele de bebé naranja, pero se lo quitó cuando vio que el animal la fulminaba con la mirada.

Ha llamado a su madre, que sigue en Honduras. «Saluda a tu abuela», dijo Kataleya a Micho, colocándolo ante la cámara del móvil. Rompió a llorar al contarle a su madre lo sola que se siente, el poco dinero que tiene, la violencia que ha sufrido, la sensación de estar atrapada, la constante tortura de la incertidumbre.

Una noche a finales de diciembre del 2020, Kataleya, Ángel y unos pocos amigos fueron en autobús hasta la playa que hay junto al muro fronterizo. Desde una pequeña colina, charlaron y contemplaron el mar mientras el viento azotaba su pelo. En la distancia, lejos de los focos que iluminan la frontera, dos figuras con sudaderas negras corrían hacia el norte, hacia el muro. En un instante traspasaron la frontera y pisaron suelo estadounidense. Se alejaron corriendo por la orilla, donde las olas borraban sus huellas, aparentemente invisibles para los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos que iban en un vehículo blanco a decenas de metros.

Desde Tijuana, Estados Unidos está tentadoramente cerca. Una noche de finales de diciembre, Kataleya estaba en la playa desde la que se ve el muro fronterizo cuando vio a dos figuras que se escabullían de Tijuana a San Diego y que desaparecían corriendo en la oscuridad. En un instante, lograron lo que ella llevaba mucho tiempo intentando alcanzar.

Fotografía de DANIELLE VILLASANA

Kataleya vio cómo las dos personas desaparecían en la oscuridad, logrando en meros segundos lo que ella llevaba mucho tiempo intentando alcanzar. «Me empuja a querer hacer lo mismo», dice Kataleya. «En tres pasos, estoy ahí».

Pero, por ahora, dice que seguirá esperando.

Sin dejarse intimidar

A unos 4000 kilómetros de Tijuana, en Tapachula, México, cerca de la frontera con Guatemala, Alexa Smith intenta abandonar Honduras por tercera vez. En su primer intento en el 2017, a los 16 años, sufrió una agresión sexual cuando hacía autoestop. Consiguió avanzar hasta Ciudad de México, donde fue detenida por las autoridades y deportada a Honduras. En su segundo intento, dos años después, cayó en la drogadicción en Ciudad de Medicamento y regresó a Honduras para recuperarse.

Alexa Smith (20), de Honduras, pasa una tarde con sus amigos en el río en Tapachula, en la frontera con Guatemala. Uno de ellos contó que había atravesado río Grande a nado desde México a McAllen, Texas, donde fue detenido y deportado a México.

Fotografía de DANIELLE VILLASANA

Después, el pasado octubre, se unió a una caravana de migrantes en Honduras, pero se dio la vuelta al llegar a Guatemala por miedo a que las autoridades cumplieran su amenaza de arrestar y encarcelar a los inmigrantes. Una semana después, volvió a intentarlo sola y llegó hasta Tapachula, donde se quedó tres meses.

Sin dinero, Alexa aceptó trabajos ocasionales. Empeñó su móvil y se mudó a un piso de una habitación en un edificio de hormigón ligero ubicado en una zona sucia a las afueras de la ciudad con su novio, Norlan Alexander González Cruz, y otros tres hombres migrantes. Los cinco comparten dos esteras de espuma individuales colocadas en el suelo. A modo de almohada, Alexa utiliza una chaqueta metida en una bolsa de plástico.

Pasan el rato fumando y planeando cómo llegar hasta la frontera de Estados Unidos una vez hayan reunido el dinero suficiente.

«Ahora mismo no sabemos cómo podemos seguir», dice Alexa. «Todavía estoy muy lejos».

En San Pedro Sula, Honduras, algunos de los amigos y amigas de Alexa, la mayoría transgénero, son víctimas de la violencia y las dificultades de las que huye. Una amiga está en la cárcel por drogas, cuenta, y otra desapareció tras recurrir al hurto para llegar a fin de mes durante la pandemia. «La buscaron en las morgues y en Guatemala, pero nadie la encuentra», dice Alexa. «Es probable que la hayan asesinado».

Alexa conoció a su novio, Norlan Alexander González Cruz, en Tapachula, un centro de migrantes procedentes de Centroamérica, África y Asia meridional. Norlan está viajando con ella a Tijuana.

Fotografía de DANIELLE VILLASANA

Alexa (derecha) se ríe con Maria Fidelina Cañados Claros, también migrante de Honduras.

Fotografía de DANIELLE VILLASANA

En el centro de Tapachula, Alexa charla con dos mujeres que acaban de llegar de El Salvador. Cada año, miles de centroamericanos huyen de la creciente violencia —y, en el caso de los miembros de la comunidad LGBTQ, la estigmatización y discriminación sistémicas— hacia Estados Unidos con la esperanza de que les concedan asilo.

Fotografía de DANIELLE VILLASANA

Otro amigo fue apuñalado, alguien falleció de COVID-19 y una mujer tuvo problemas con una banda local de San Pedro Sula, que amenaza con matarla.

Alexa cuenta que, debido a los peligros de Honduras, la decisión de marcharse «fue muy fácil, ni me lo pensé».

Para finales de enero, Alexa y Norlan habían conseguido avanzar, a pie y haciendo autoestop, unos 320 kilómetros en dirección norte, hasta la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. «Tengo un lugar donde dormir, pero no estoy bien», afirma Alexa. «Están secuestrando a gente, no hay trabajo y solo tengo suficiente para comida». Pero quiere «darlo todo» y llegar a Tijuana para fin de mes.

Por su parte, en Tijuana, Kataleya espera —desea— que «el 2021 sea un año de bendiciones para los migrantes y las personas del otro lado».

«Sé que puedo lograrlo», dice. «Casi estoy. Estoy cerca de la frontera, cerca de Estados Unidos, lo único que me detiene es el muro. Solo el muro».

Aurora Almendral es una periodista de California, afincada en el Sudeste Asiático. Síguela en Twitter @auroraalmendral.
Danielle Villasana es una fotoperiodista y exploradora de National Geographic cuyo trabajo se centra en los derechos humanos, el género y la salud. La National Geographic Society, comprometida a ilustrar y proteger las maravillas de nuestro mundo, financia el trabajo de la exploradora Villasana. Síguela en Instagram @davillasana .
Este reportaje ha sido financiado en parte a través del COVID-19 Emergency Fund for Journalists de la National Geographic Society.
Este artículo se publicó originalmente en inglés en nationalgeographic.com.
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