Este informe revela detalles sobre una enorme red de tráfico de tortugas

En la habitación de un hotel de lujo en Kuala Lumpur, un hombre de 35 años con una camisa oscura abotonada sonreía. Tenía dos maletas llenas con 55 tortugas vivas y esperaba venderlas.

Observaba a su cliente, un hombre con pantalones cortos y zapatillas de deporte, mientras examinaba a los reptiles que se arrastraban sobre la moqueta del hotel.

Siete meses antes, Bakrudin Ali Ahamed Habeeb había publicado en Facebook que tenía reptiles a la venta, lo que provocó una oleada de mensajes y negociaciones de precios. Ahora, Habeeb solo necesitaba demostrar que estos animales se encontraban en buen estado de salud para poder introducirlos en el mercado de mascotas exóticas.

Era mayo de 2017 y preveía una gran recompensa.

Cuando su visitante salió de la habitación, aparentemente para llamar a un colega, Habeeb ni siquiera se inmutó. Pero unos minutos después, los agentes del departamento de fauna silvestre y parques de Malasia irrumpieron en su habitación. El posible comprador era en realidad un agente encubierto de la Wildlife Justice Commission, una organización sin ánimo de lucro con sede en La Haya que trabaja para desenmascarar las redes criminales dedicadas al comercio ilegal de animales salvajes. Las autoridades locales aguardaban en la habitación adyacente a la de Habeeb para atraparlo mientras vendía ilegalmente tortugas manchadas indias, que se distribuyen por la India, Bangladesh y Pakistán y están excluidas del comercio internacional por la denominación protegida que otorga a la especie la legislación internacional.

Basándose en las pruebas suministradas por la Wildlife Justice Commission y descritas en un informe publicado el 6 de diciembre, Habeeb —ciudadano indio que llevaba mucho tiempo transportando reptiles de contrabando entre India y Malasia— fue condenado a 24 meses de cárcel. Fue una de las 30 personas detenidas durante una investigación de dos años sobre el contrabando de reptiles llevada a cabo por la comisión.

La investigación llevó a la incautación de más de 6.000 tortugas, muchas de ellas especies en peligro de extinción. Treinta personas fueron detenidas por traficar con estos reptiles en Malasia, India y Bangladesh. Cinco de dichas personas, ya han sido condenadas y cumplen sentencias de prisión, todas en Malasia.

En el caso más extremo, «se incautaron más de mil tortugas estrelladas de la India en una operación encubierta en Kuala Lumpur y se detuvo a dos personas», cuenta Sarah Stoner, directora de investigaciones de la Wildlife Justice Commission y autora principal del informe. Uno de esos hombres cumple ahora 24 meses de cárcel. El otro no se presentó ante el juez y ya se ha emitido una orden de detención.

Las investigaciones de la comisión se centraron en el Sudeste Asiático, el destino del comercio de mascotas de muchas de estas tortugas, pero también cubrió zonas tan lejanas como Camerún y los Países Bajos. En total, según la comisión, las tortugas ofrecidas a los agentes valían unos 2,6 millones de euros al por mayor y mucho más en el mercado al por menor.

Decenas de investigadores, analistas y trabajadores encubiertos descubrieron que, en la mayoría de los casos, las tortugas se transportaban de contrabando desde la India, Pakistán y Madagascar para compradores de China continental y Hong Kong. Algunas de las principales especies ofertadas eran consideradas vulnerables por su población menguante, como las tortugas estrelladas de la India y las tortugas manchadas. También se ofrecieron a los investigadores más de 1.500 tortugas radiadas, una especie autóctona de Madagascar que se considera en peligro crítico de extinción y cuyo comercio está prohibido por el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, el acuerdo que regula el comercio de fauna y flora silvestre.

El informe también desveló detalles sobre la escala y la coordinación de la corrupción que engrasa este mercado. Se señalaron los aeropuertos en los que más se traficaba con estos animales, así como las fuentes locales de algunos de los reptiles. Para llevar a cabo esa labor, el grupo empleó los planes que los contrabandistas compartían con los «compradores» de la comisión —que describían cómo se pasaban los productos de una zona a otra— y los comparó con la inteligencia en los escasos informes de detenciones en dichos puntos de tránsito, que simplemente corroboraban que era probable que estuvieran pagando a alguien para que hiciera la vista gorda.

«La gente acepta que los delitos contra la vida silvestre ocurren debido a la corrupción, pero queremos publicar esta información para que las personas con influencia puedan combatirlos a niveles superiores», afirma Sarah Stoner.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en nationalgeographic.com.