¿Conseguirá la Ley de Memoria Democrática reparar los daños del Franquismo?

Aprobada en el Congreso en julio de 2022, la Ley de Memoria Democrática busca condenar el régimen fascista de Francisco Franco y crear un banco nacional de ADN para ayudar a buscar a los desaparecidos.

Una niña recorre la explanada del Valle de los Caídos, un mausoleo construido por orden del difunto dictador español Francisco Franco, que gobernó entre 1939 y 1975. Más de 33 000 víctimas de la Guerra Civil y del régimen de Franco fueron enterradas aquí sin el consentimiento de sus familiares. Con la aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática de España, los cuerpos serán exhumados a petición de los familiares, y el gobierno convertirá el lugar en un monumento en memoria de los fallecidos.

Fotografía de Santi Donaire
Por Jordan Salama
Publicado 27 jul 2022, 12:10 CEST

A sus 90 años, Rosa Coscollá aún recordaba con perfecta claridad el día en que dos policías entraron en su casa y se llevaron a su padre. Era el año 1939, cerca del final de la Guerra Civil española. Tenía entonces 15 años y vivía en el pueblo rural de Xeraco, al sur de la ciudad de Valencia.

Cuando vio a su padre por última vez, éste estaba en la cárcel, malherido, desnutrido y como preso político. Vicente Coscollá Ibáñez fue ejecutado poco después, y Rosa pasó el resto de su vida esperando el día en que se obtuvieran muestras de ADN de la fosa común para confirmar dónde estaba supuestamente enterrado su padre.

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"En sus últimos años, estaba obsesionada con el caso de su padre", dice Jaume Coscollá Ferrer, sobrino de Rosa. "Quería traer a su padre de vuelta y enterrarlo (incluso un trozo de su cuerpo, un hueso, cualquier cosa) con ella".

Inma Herranz, restauradora y conservadora de la Asociación Científica ArqueoAntro, inspecciona los objetos encontrados durante la exhumación de una fosa común en Paterna en 2017. Herranz se encarga de la conservación de los objetos, que se devuelven a los familiares en los casos en los que se produce una identificación genética positiva.

Fotografía de Santi Donaire

Rosa murió el año pasado a los 98 años, pero la situación de su familia dista mucho de ser única. Miles de personas que viven hoy en España perdieron a sus familiares entre 1939 y 1975, cuando la dictadura militar y fascista de Francisco Franco mató o hizo desaparecer a más de 114 000 personas.

Tras ser aprobada en el Congreso de los Diputados, esta semana se espera que España apruebe la Ley de Memoria Democrática tras el visto bueno del Senado. El texto declara que el régimen de Franco y sus sentencias penales por motivos políticos fueron ilegales, y hará que el Gobierno español sea legalmente responsable de recuperar los cuerpos de los desaparecidos.

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Fotografía de Santi Donaire

Esta nueva ley supone un hito histórico que contrarresta el espíritu de "borrón y cuenta nueva" con el que se inauguró la Democracia. En 1977, dos años después de la muerte de Franco, el Parlamento español aprobó la Ley de Amnistía. En ella se declaraba que los miembros del régimen no podían ser procesados por los delitos cometidos durante el gobierno del dictador, ni durante la Guerra Civil española (1936-1939), que se inició con un intento de golpe de Estado por parte del bando Nacional, causó cerca de medio millón de muertos y llevó a Franco al poder. La ley de 1977 se conoció como El Pacto del Olvido. Funcionarios y aliados de Franco se reintegraron en las esferas de influencia pública y privada sin que hubiera mucha, o ninguna, repercusión por las violaciones de los derechos humanos que cometieron.

Pedro Mayor Alaponont tenía cuatro años cuando su padre fue detenido por los fascistas de Franco. "Sólo recuerdo una cosa: el día que se lo llevaron en tren", dijo antes de su muerte en 2022. Mayor falleció sin poder identificar el cuerpo de su padre.

Fotografía de Santi Donaire

El régimen fascista y conservador de Franco no sólo persiguió a los miembros de la oposición política, sino también a sindicalistas, a miembros de la comunidad LGBTQ, a gitanos y a cualquier otra persona considerada enemiga del Estado. En la actualidad se cree que hay unas 2500 fosas comunes repartidas por todo el país; de las decenas de miles de cuerpos que pueden contener, sólo se ha identificado una parte.

Además, por primera vez se investigarán todos los bienes incautados por los militares durante la dictadura y se eliminarán los títulos nobiliarios concedidos por Franco. La nueva ley también creará una Fiscalía del Estado para los Derechos Humanos y la Memoria Democrática, que creará un banco nacional de ADN e investigará los presuntos casos de violaciones de los derechos humanos durante la guerra y la dictadura.

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Amparo Orts Granell, de 86 años, posa en el sofá de su casa en un pueblo de Valencia, en 2020. Su padre fue asesinado el 23 de octubre de 1940 cuando ella tenía 5 años. En marzo de 2022, Orts pudo enterrar los restos identificados en su pueblo natal de Meliana. "Aquí yace José Orts Alberto, que fue fusilado el 23 de octubre de 1940 a manos del régimen franquista por ser concejal de Meliana", dice la lápida, que ahora reposa junto a su difunta esposa.

Fotografía de Santi Donaire

Aunque se ha enfrentado a grandes obstáculos políticos, la Ley de Memoria Democrática de 2022 no será la primera de este tipo que se aprueba. Se basa en la Ley de Memoria Histórica de 2007, que amplió los derechos de las víctimas de la guerra y la dictadura, pero fue muy criticada por su escaso alcance.

La nueva ley aporta una esperanza renovada a las familias con parientes cuyas desapariciones se han ido al limbo en los últimos 80 años. "Hay muchas familias que, desgraciadamente, siguen sin encontrar a sus parientes", dice Laura Martín, cuyo bisabuelo, alcalde de un pueblo, fue asesinado por su política de izquierdas y recientemente exhumado de una fosa común en Paterna, Valencia.

Un grupo de expertos forenses se prepara para la excavación en 2020 de una fosa común en Paterna, que se cree que contiene los cuerpos de más de 100 personas.

Fotografía de Santi Donaire

Además, Martín ve la necesidad de revisar los casos legales que rodean los asesinatos. Muchos se vieron empañados por juicios corruptos, dice, y nunca se hizo justicia. "Esta nueva ley avala la realidad de esos juicios, que fueron completamente injustos".

El fotógrafo español Santi Donaire ha pasado los últimos seis años documentando la exhumación de fosas comunes y visitando las casas de estas familias cuyos parientes fueron ejecutados durante la dictadura. Sus fotografías en blanco y negro son conmovedores recordatorios de las duraderas heridas de la violencia política. "Este es un proyecto sobre una sociedad que intenta reparar sus heridas, buscar la justicia y redescubrir su pasado", dice.

El proyecto de Donaire comenzó en 2016, cuando se unió a la búsqueda de los restos aún desaparecidos de Federico García Lorca. El célebre poeta granadino fue ejecutado cerca de Granada por las fuerzas golpistas al comienzo de la Guerra Civil española en 1936, supuestamente por sus creencias políticas socialistas y su entonces rumoreada homosexualidad.

"Lo que más me sorprendió fue la ausencia de medios televisivos o periodísticos, y la falta de ayuda institucional en la búsqueda de uno de los autores más importantes de la literatura occidental", dice Donaire. Si había tan poco interés en la búsqueda de Lorca, pensó Donaire, habría aún menos esfuerzos para localizar a personas anónimas que habían desaparecido.

Pero el trauma histórico y social no se desvanece fácilmente con el paso del tiempo. A menudo este trauma se transmite de generación en generación, y muchas familias se deciden a guardar silencio, por vergüenza o miedo, o para proteger a los miembros más jóvenes del doloroso pasado. Algunos descendientes, como Rosa, mueren esperando poder cerrar su historia personal.

Otros han formado asociaciones para continuar la búsqueda de rastros de sus parientes perdidos. Incluso aquellos que han conseguido enterrar adecuadamente a sus familiares, como el bisabuelo de Martín, dicen que la importancia de la ley va mucho más allá de las familias individuales, y requiere un ajuste de cuentas nacional de la memoria y la justicia.

"El país necesita esta reparación, esta revelación, esta constatación de que el Gobierno español cometió un error muy grande y no podemos olvidarlo", dice Martín. "En 80 años, el tiempo no ha curado absolutamente nada. Hay que reconocer esta historia para enterrarla como se merece".

El fotoperiodista Santi Donaire comenzó a documentar la excavación de fosas comunes en 2016, durante varios meses como freelance de la Asociación Científica ArqueoAntro, que investigaba la desaparición de personas durante el régimen de Francisco Franco. Donaire ha seguido documentando casos de desaparecidos por su cuenta. Síguelo en Instagram @esedonaire.

Jordan Salama es escritor de reportajes de historia para National Geographic. Su primer libro, Every Day the River Changes, se publicó en 2021. Síguelo en Instagram TikTok.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en nationalgeographic.com.

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