En tierra de nadie: el retrato migrante de la crisis humanitaria en Europa

Con apenas veinticuatro días vividos de este aún lozano 2019, ya son 214 las vidas de migrantes que se ha cobrado el Mediterráneo, ingenuo escenario de una de las tragedias más inabarcables que nos azotan: la de la desesperanza.

La crisis humanitaria reflejada en cifras que alcanzaron hasta los 8.070 fallecidos en 2016, más de 5.140 en el Mediterráneo, según Missing Migrants, una organización que registra los fallecimientos en las diferentes rutas de migración. Si refrescas su web tras bucear entre las diferentes cifras, el número de muertes aumenta a tiempo real. Como sentencia Open Arms, «perder tiempo es perder vidas».

Mientras, ellos, a menudo sin nada que perder, huyen de la guerra en Siria o la inestabilidad de Libia, del hambre, de meses sin luz ni agua, de bombardeos y persecuciones. Buscando asilo, trabajo, futuro. Buscando refugio. Pero, al luchar por ese futuro, se encuentran con una tasa de mortalidad que, en Libia y en el período de junio a julio de 2018, se multiplicó por cuatro. Una de cada 16 personas que trataban de cruzar murió, según el informe Between the devil and the deep blue sea de Amnistía Internacional.

Las muertes en el mar a lo largo de esta peligrosa ruta, que no ofrece ninguna vía segura, son inevitables mientras los contrabandistas continúen obligando a miles de personas a viajar en precarios botes, apiñados, sin comida, agua ni seguridad. En muchas ocasiones, ni siquiera suficiente combustible para llegar a tierra. Por ello, el reciente aumento de la tasa de mortalidad no puede ser descartado como una tragedia inevitable.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, anunciaba el pasado martes su creciente alarma respecto a la situación del Mediterráneo. Los últimos días han traído consigo dos naufragios en los que han perdido la vida alrededor de 170 personas, además de numerosos incidentes de rescate, un barco mercante desembarcando en Libia y una responsabilidad depositada en la Guardia Costera Libia que no es capaz de responder a los incidentes debido, entre otros motivos, a la escasez de combustible.

En esta línea, Human Rights Watch (HRW) afirmó en el informe No Escape from Hell publicado el pasado lunes que “las políticas de la Unión Europea contribuyen a un ciclo de abusos extremos contra los migrantes en Libia”.

Varados ante Europa

Desde que, a principios de junio de 2018, Italia decidió el abandono de su papel principal en la coordinación de rescates en el Mediterráneo central, a la vez que adoptaba su nueva política de rechazar el desembarco de buques con refugiados y migrantes rescatados, el mapa de la situación se ha tambaleado.

Poco a poco, todos los países costeros de Europa han adoptado la misma postura y, hoy en día, cada desembarco se negocia individualmente, por lo que los barcos de rescate, con rescatistas a bordo y personas a menudo al límite de sus fuerzas, se quedan varados en el mar durante días, incluso semanas.

Adoptar esta postura es consecuencia del conocido como Reglamento de Dublín, una ley de la Unión Europea que establece desde 2013 los criterios para determinar qué país es responsable del examen de una solicitud de protección internacional, de acuerdo con la Convención de Ginebra, y que deposita la responsabilidad en los países costeros a los que llegan los refugiados.

Libia, la puerta trasera de Europa

Existe el riesgo, además, de que los capitanes de los barcos de rescate se abstengan de  responder a las llamadas de socorro si no ven clara la situación de desembarco. O, lo que es casi peor, que caigan en las garras de la Guardia Costera Libia, estrategia que Europa usa como puerta trasera mientras mira para otro lado.

Esta política de externalización es algo que ha “preocupado muchísimo” por su “fuerte empuje durante los últimos años”, según afirma Matteo de Bellis, investigador sobre asilo y migración en Amnistía Internacional, en declaraciones a National Geographic España. Para no mancharse las manos, “la Unión Europea ofrece a las autoridades libias toda forma de asistencia, barcos, entrenamiento, asistencia financiera, soporte a la coordinación de las operaciones, etcétera”, debido a que, desde el punto de vista del derecho internacional, es ilegal enviar personas a Libia.

Por tanto, damos recursos a Libia para que ellos mismos intercepten a las personas en el mar y las lleven a su territorio. “Hay que asumir que las personas que son enviadas a los centros de detención libios serán detenidas de forma arbitraria, torturadas y violadas”.

En estos momentos, hay alrededor de 50.000 refugiados registrados por ACNUR en Libia. Las intercepciones en aguas internacionales entre Malta, Italia y Libia llevadas a cabo por la Guardia Costera Libia son el escenario diario y, tras el desembarco, las personas recogidas son llevadas a centros de detención no regulados donde los derechos humanos brillan por su ausencia.  

“ACNUR ya no tiene posibilidad de evacuar a más personas de estos centros, sencillamente porque no tiene a dónde llevarlas, afirma el coordinador general de Médicos Sin Fronteras en Libia, Christophe Biteau, a National Geographic España. “Nadie en Europa quiere aceptarles”.

La ausencia de un registro formal de datos hace que, una vez que las personas llegan a los centros, no haya forma de saber qué sucede con ellas, ni pueden impugnar la legalidad de su detención o el trato recibido. Diversas organizaciones tratan de fomentar el retorno voluntario a sus países de origen, que en la práctica es la única opción posible para salir de Libia.

Human Rights Watch ha documentado esta semana en su informe No Escape from Hell el hacinamiento grave, las condiciones insalubres, la desnutrición, la falta de atención médica y la violencia por parte de los guardias de los centros de detención oficiales de Libia. La organización afirma haber sido testigo “de un gran número de niños, incluidos los recién nacidos, detenidos en condiciones sumamente inadecuadas en tres de los cuatro centros de detención”, y recuerda que casi el 20% de las personas que llegaron a Europa por mar desde Libia en 2018 eran niños.

Tal y como diversas organizaciones de ayuda internacional vienen denunciando desde 2017, la actuación de Europa para parchear una situación que no quiere enfrentar es “inhumana e inadmisible”, además de ilegal.

La situación se ha visto además agravada por otros elementos que están tomando posición en el mapa. Entre ellos, Libia y la Unión Europea han declarado una zona de búsqueda y socorro en el Mediterráneo central en la que Libia asume la responsabilidad de coordinar las operaciones de salvamento. Esta decisión “deja aun más la situación de las personas y los barcos de rescate en manos de la Guardia Costera Libia, que no tiene la capacidad ni la voluntad de coordinar estas operaciones”, afirma Matteo de Bellis.

Además, se genera una situación en la que “los barcos se encuentran frente a una situación imposible, donde la única autoridad que le puede dar instrucciones ordena algo que para ellos está prohibido por el derecho internacional”, razón por la cual vemos de forma continuada barcos de ONG esperando durante días o semanas a que alguna autoridad europea les permita desembarcar en su territorio.

El tratamiento cada vez más hostil por parte de las autoridades europeas a las ONG dedicadas a salvar vidas está agotando el Mediterráneo central de activos de rescate vitales.

Los buques de ayuda españoles, bloqueados por el Gobierno

Mientras, el Gobierno español mantiene su decisión de bloqueo de los buques Open Arms y Aita Mari, de Maydayterráneo, que no pueden salir a realizar su labor de ayuda. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) hacía ayer un llamamiento para pedir su desbloqueo, a la vez que exigen, junto a otras muchas organizaciones humanitarias, un protocolo de desembarco europeo seguro y eficaz.

“La Unión Europea quiere mirar para otro lado”, afirma a National Geographic España Paloma Favieres, coordinadora estatal del servicio jurídico de la CEAR. “Pedimos un protocolo de desembarco que garantice la no devolución a Libia, porque no es un puerto seguro. Se trata de tener un protocolo predecible, no solo para llegar a un puerto seguro, sino que tiene que estar previamente establecido. Ni Malta ni Italia deberían asumir todos los rescates que se producen en el Mediterráneo”.

Anualmente, en nuestro país se duplican las cifras de solicitud de asilo por parte de refugiados. “En 2016, hubo más de 15.000, en 2017, más de 31.000, y este 2018, ha habido más de 56.000”, afirma Favieres. “El sistema de asilo, aunque va creciendo, está colapsado. No estaba preparado para ese volumen y no creció  a la par que la demanda. Hay muchos retos por delante, pero ya vamos tarde”.

Cuando las mafias son la única opción

Aprovechando la situación desesperada de los refugiados y migrantes, las mafias suben sus precios de manera constante según las fronteras se van reforzando. Años de viaje y en ocasiones cantidades de hasta 4 cifras es el coste a pagar por arriesgar la vida a manos de redes de tráfico, exponiéndose no solo a la muerte, sino a caer en manos de trata y explotación en peligrosas rutas como la que va desde Libia hasta Italia, que deja más de 3.000 muertos al año, según Missing Migrants.

En ocasiones engañados, otras veces porque no queda más opción, como cuenta Paloma Favieres sobre el caso de un refugiado libio que “sigue en Turquía, donde no está seguro, y no hay forma legal de ayudarle. Desertor del ejército de Siria, y por tanto indocumentado, no hay forma de documentarlo en la embajada para que le den un visado, aunque tenga a su madre y a sus hermanas refugiadas en España. Al no haber soluciones, se plantea ponerse en manos de una red de traficantes para reunirse con su familia”.

Además, “ahora que hay menos barcos de salvamento en el mar, hay más ghost arrivals, barcos pequeños que cruzan todo el Mediterráneo para llegar a Sicilia sin ser detectados. Por tanto, hay algunos grupos criminales que cambian su forma de actuar para aprovecharse de la situación”, afirma de Bellis. 

¿Por dónde comienza la solución?

En los últimos años, hemos vivido un aumento del número de refugiados en el mundo, personas que deben escapar de sus países para pedir protección en otros países, pero al mismo tiempo no existe un sistema que garantice una asistencia adecuada, repartiendo la responsabilidad entre los países.

Para desbloquear esta frágil situación y eliminar los obstáculos que los países fronterizos están poniendo a las operaciones de salvamento, “es urgente que los Estados tomen medidas para reafirmar la capacidad efectiva de rescate en el Mediterráneo aumentando el rescate coordinado en varios estados, restaurando el rápido desembarque en un lugar seguro y levantando los impedimentos para el trabajo de los barcos de rescate de las ONG”, afirma ACNUR.

Las líneas resolutivas pasan por la reforma del Reglamento de Dublín para redistribuir la responsabilidad de ayuda entre los diferentes países, y, “tal vez lo más importante: se deben abrir canales seguros y regulares para ofrecer a los refugiados y migrantes la oportunidad de viajar sin poner sus vidas en manos de grupos ilegales”, recalca Matteo de Bellis.

Se vuelve primordial también el esfuerzo de los países europeos para empujar a las autoridades libias a mejorar la situación de los derechos humanos en su territorio, partiendo de la eliminación de la política de detención arbitraria y el respeto a los derechos humanos.

El Pacto Mundial recientemente firmado es un tímido avance en la buena dirección, pero aún es tan solo papel que debe ser aterrizado correctamente para lograr soluciones reales que creen vías de migración seguras, y así beneficien tanto a migrantes como a los países europeos. “Los únicos que tienen interés en una migración desordenada que cree muertos son las mafias y los movimientos de ultraderecha”. 

“Hay opciones, no son opciones fáciles, pero se puede. No se va a llegar a ninguna solución si los políticos continúan únicamente buscando salir en el telediario diciendo algo que deshumanice a los migrantes. En países como Uganda, o Líbano, tienen en este momento un millón de refugiados. En comparación, Italia el año pasado recibió a través del mar a 23.000 personas”, afirma Matteo de Bellis.

“En Europa no hay ninguna crisis de refugiados migrantes, en el último año las cifras han bajado muchísimo, y, aunque en España ha habido una subida [más de 56.000 en 2018], siempre estamos hablando de números que se podrían manejar, si se quiere. Y si Europa trabajara en conjunto, sería aún más sencillo”.