La Comisión Europea exige el fin definitivo de la caza de aves cantoras en España

Mientras en España las medidas contra la captura de aves cantoras son vigiladas de cerca por la Unión Europea, en Francia el Consejo de Estado acaba de aprobar la caza de aves con pegamento.

Published 29 ene. 2019 13:05 CET, Updated 5 nov. 2020 7:02 CET
Caza aves cantoras
Fotografía de Francis C. Franklin, Wikimedia Commons

Entre 2013 y 2018, más de 1.730.000 aves cantoras han sido capturadas en España, presuntamente para garantizar la cría en cautividad de especies como el jilguero, el pardillo común, el serín verdecillo, el pinzón vulgar, el verderón común, el serín canario o el jilguero lúgano, según informa la organización Seo Birdlife.

Capturas que ponen en riesgo la viabilidad de estas especies, cuyas poblaciones están en declive, tal y como afirman los datos del Consejo Europeo del Censo de Aves Comunes en Europa (EBCC, 2015), que alerta de que el pardillo común está disminuyendo en un 67% y el verdecillo un 47%, entre otras.

Ya en 2011, La Unión Europea inició un procedimiento de infracción contra España por no ajustarse a la normativa europea, que podría finalizar incluso en una condena del Tribunal de Justicia. El Gobierno español, ante ello, solicitó una prórroga para poder capturar alrededor de 2 millones de fringílidos y garantizar la cría en cautividad de estas aves.

Tras aceptarla, la Comisión descubrió irregularidades en su aplicación y envió una Carta de Emplazamiento por vulnerar la Directiva de Aves, tras lo cual envió un Dictamen Motivado en 2018.

A raíz de ello, la Comisión Europea ha solicitado este mes a España información sobre sus actuaciones al respecto en una carta dirigida al Ministerio de Transición Ecológica y a las 17 comunidades autónomas.

La Comisión “reconoce el anuncio de la mayoría de las comunidades autónomas de no conceder nuevas autorizaciones para la captura de esas pequeñas aves durante 2018”, afirma Seo Birdlife en el mismo comunicado. “Sin embargo, señala que ese anuncio se ha limitado a ese año, sin que se haya manifestado de forma inequívoca su permanencia en el tiempo más allá de ese periodo”.

La Comunidad de Madrid aún mantiene en vigor una orden de 1998 que autoriza a capturar estos pájaros y no ha transmitido en su informe ningún compromiso al respecto, por lo que la Comisión hace una mención concreta para poner fin a la captura de fringílidos en la Comunidad.

Ante la duda sobre el carácter permanente de las medidas en el resto de las comunidades, “la Comisión Europea solicita a la Administración del Estado que aclare las acciones que se van a aplicar para asegurar el cumplimiento efectivo de la Directiva de Aves en todo el territorio español”.

Caza con pegamento o ‘parany’

Este polémico método de caza, que consiste en untar con pegamento árboles, casetas o varillas donde las aves se queden pegadas al posarse, fue considerado ilegal por el Tribunal Constitucional en España en 2013. Valencia trató de dar un último coleteo aprobando una modificación de ley que finalmente fue también declarada inconstitucional.

Sin embargo, el revuelo ocasionado por la reciente aprobación de este método de captura en Francia ha llegado hasta España, donde La Federación Española de Caza y la Plataforma de Defensa del Silvestrismo planean presentar ante el Ministerio de Transición Ecológica y ante la Comisión Europea los argumentos seguidos por el Consejo Francés.

A pesar de la solicitud de la Liga Francesa para la Protección de las Aves, que exigía al Consejo de Estado erradicar la práctica de la caza con liga, aún son cinco los territorios franceses donde es legal capturar así a estos animales. Denunciando que, además de cruel, es un método no selectivo, la Liga Francesa para la Protección de las Aves impugnará la decisión ante el Tribunal Europeo.

Diversas organizaciones medioambientales esperan que el hecho de que España vaya a la retaguardia en seguir las medidas europeas en lo que a protección de las poblaciones de aves silvestres se refiere, no permita que este revuelo en el país vecino reabra un debate que afecte a la protección medioambiental.  

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