La revolución verde en España: ¿Qué hemos logrado desde la Declaración de Emergencia Climática?

La Declaración de Emergencia Climática acató las advertencias de la comunidad científica sobre el impacto sin precedentes que el modelo de desarrollo actual ha tenido sobre el planeta. Pero, ¿qué avances se han producido desde entonces?

Publicado 29 nov 2021 18:19 CET
Cambio climático España

En Aragón, la tierra se quiebra por falta de agua y dibuja este patrón de surcos en el suelo. El aumento de gases de efecto invernadero generados por los humanos ya afectaba a las sequías a nivel mundial en el año 1900. El Mediterráneo es una de las zonas más vulnerables ante el cambio climático. 

Fotografía de Kike Calvo, Nat Geo Image Collection.

En enero de 2020, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico declaró la Emergencia Climática en España. Cuando el año 2019 empezaba dibujar la nueva década como un punto de inflexión crítico en la lucha contra el cambio climático, Reino Unido se convirtió en el primer país en declararla. España le acompañó poco después de que Madrid reuniera a los grandes expertos y dirigentes del clima en la 25ª Conferencia de las Partes, la COP25, la cumbre climática más larga de la historia y la última antes de la entrada en vigor del Acuerdo de París.

La declaración de Emergencia Climática puso en marcha 30 líneas de acción consideradas prioritarias. Sobre la mesa se desplegaron acciones como la remisión al Parlamento del proyecto de Ley de Cambio Climático, la definición de la agenda de descarbonización para asegurar la neutralidad climática en 2050 y la creación de una Asamblea Ciudadana del cambio climático que contara con la participación de los jóvenes.

“Se ha avanzado en muchos aspectos, como el cierre del carbón, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética o la estrategia de adaptación al cambio climático”, sintetiza Enrique Segovia, director de conservación de WWF. “Sin embargo, hay que avanzar mucho más en reducción del consumo de energía y de los recursos naturales, en la producción con renovables y, a la par, en la recuperación y la restauración de la naturaleza”.

Ley de Cambio Climático

Después de un largo proceso de participación pública, el pasado mayo España sacó adelante su primera ley integral para luchar contra el cambio climático. “Enmarcada en los objetivos de la Unión Europea contra la crisis climática, la nueva estrategia del Pacto Verde se perfiló como la herramienta clave para cumplir los objetivos de la agenda 2030 del acuerdo de París de 2015”, explica Segovia.

Esta ley ha aterrizado la ambición climática en diferentes medidas. Por un lado, España deberá alcanzar la neutralidad climática como tarde en 2050 y, para lograrlo, en el año 2030 las emisiones deberán haberse reducido en un 20 por ciento respecto a 1990.

Al terminar la próxima década, el 35 por ciento del consumo final de energía deberá tener un origen limpio, a través de las energías renovables, y en concreto el sistema eléctrico deberá contar con un 70 por ciento. Por su parte, la eficiencia energética deberá reducir el consumo de energía primaria en un 35 por ciento.

Hacia la neutralidad climática

Los primeros pasos en esta línea se plantearon en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que situó a España en el camino hacia la generación eléctrica 100% renovable en 2050, eliminando, en la próxima década, una de cada tres toneladas de CO2 emitidas actualmente.

Para lograrlo, el consumo final de energía renovable deberá duplicarse en 2030 y el 74 por ciento de la electricidad será de origen limpio. Según el Ministerio, “se trata de un esfuerzo coherente con el aumento de ambición a 2030 anunciado por la Comisión Europea: incrementar el actual objetivo de reducción de emisiones a 2030, un 40% para el conjunto de la Unión Europea (UE), a una horquilla entre el 50 y el 55 por ciento".

En esta línea, el pasado mes de julio, durante la London Climate Action Week, España se sumó a la gran alianza contra el carbón, la Powering Past Coal Alliance (PPCA), una coalición de gobiernos, empresas y organizaciones que trabajan para avanzar en la transición de la generación de energía a base de carbón a una energía limpia.

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La eliminación gradual del carbón es el primer paso necesario para la transición a una economía de carbono cero. Entre 2019 y 2020, España cerró todas sus minas de carbón y más de la mitad de la capacidad de sus centrales térmicas. Para 2022, pretende que el porcentaje de cierre llegue al 85 por ciento. La regulación de unos mercados de carbono globales, edificados sobre una contabilidad respetuosa con el medio ambiente, es uno de los imperativos para lograr los objetivos del Acuerdo de París.

“Desde el 2018 el gobierno español ha realizado esfuerzos para desarrollar una estrategia de transición justa que ha dado confianza a las regiones carboníferas y ha hecho que la resistencia a los cierres haya disminuido. Ahora el Gobierno necesita trabajar con las empresas para terminar el trabajo y cerrar las plantas restantes lo antes posible, con 2025 como fecha límite”, afirmó la abogada ambiental del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), Carlota Ruiz-Bautista, a el Periódico de la energía.

En Europa, por el deterioro de los ecosistemas que absorben el carbono, se emiten unas 90 millones de toneladas de CO2 anuales. En el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático se han alcanzado importantes acuerdos en esta materia, aunque los expertos coinciden en que las negociaciones futuras deberán ser mucho más ambiciosas.

En esta línea, España ha incrementado sus sumideros de carbono a través del Plan Forestal español 2002-2032, según el informe los Sumideros de Carbono a nivel local de la Red Española de Ciudades por el Clima. En él se plantean objetivos ambiciosos de reforestación de 3,8 millones de hectáreas y la adopción de la Ley de Economía Sostenible, que pretende establecer un sistema de incentivos para fomentar los sumideros de carbono y compensar sus emisiones. La única solución, según Miguel Ángel Mateo, investigador del Centro Español de Investigaciones Superiores (CSIC), es limitar el uso de los combustibles fósiles. “Tenemos que cambiar de paradigma, no limpiar la suciedad que emitimos, sino evitar ensuciar”. 

Energías renovables y movilidad eléctrica

La nueva Ley de Cambio Climático impulsaría, según el Ministerio, “un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro, un sistema agrario neutro en emisiones de CO2 equivalente, y un sistema fiscal, presupuestario y financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad”. Sin embargo, en este ámbito aún queda mucho camino por recorrer. 

Entre las promesas que llegaron de la mano de la Declaración de Emergencia Climática también ha visto la luz el Convenio de Transición Justa, que tiene el objetivo de transformar nuestro modelo industrial y el sector servicios.

En tercer lugar en la línea de prioridades de la Declaración se encontraban los desastres naturales. Con el objetivo de lograr un país más seguro y menos vulnerable, se presentó el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que incluye el sistema nacional de observación del clima y la elabora un menú de indicadores de impacto.

“Constituye el instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada frente a los efectos del cambio climático en España. Tiene como principal objetivo evitar o reducir los daños presentes y futuros derivados del cambio climático y construir una economía y una sociedad más resilientes”, afirma el Ministerio.

Asímismo, el prometido Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad (2021-2025) salió a la luz en agosto para impulsar los esfuerzos en el ámbito de la educación ambiental para la sostenibilidad, y, de su mano, el borrador del Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente.

Mucho camino por recorrer

Sin embargo, más allá de los compromisos, varias organizaciones y grupos medioambientales criticaron la falta de ambición de España a la hora de tomar acción en la reciente COP 26. “España ha tenido un papel muy flojo y muy poco valiente en la COP26. Hemos visto que ha tenido la oportunidad de unirse a una alianza para acabar con los combustibles fósiles, la BOGA, Beyond Oil Gas Alliance, y ha decidido desmarcarse totalmente de esa alianza y no participar”, afirmó Diego Ferraz, activista de Juventud por el Clima.

“También ha tenido la oportunidad para acabar con los coches de combustión en 2035 y, debido a que la ley de cambio climático ya fijada en España lo limita a 2040, ha decidido no participar”.

Con la economía circular en el horizonte y aún mucho camino por recorrer para aterrizar las acciones, la Declaración de Emergencia Climática inició el camino hacia una transformación en positivo que pretende encauzarse con los compromisos adquiridos con la Agenda 2030, a favor de un desarrollo sostenible que coloque a las personas y al planeta en el centro de la acción política. 

Por el camino hacia la revolución verde, los avances en reducción de consumo de energía y recursos naturales, utilización de renovables y recuperación y restauración de la naturaleza aún son asignaturas pendientes.

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