Ante un reciente asesinato en la Amazonia, se teme por las tribus aisladas

La inquietud aumenta entre los activistas por los derechos indígenas y los defensores de la selva conforme los intrusos rebasan los límites de las tierras protegidas en Brasil.lunes, 30 de septiembre de 2019

El reciente asesinato de un activista asignado a la protección de las tribus aisladas en el extremo occidental de Brasil ha generado preocupación por la seguridad de las poblaciones indígenas amazónicas y de quienes las defienden.

El trabajador, Maxciel Pareira dos Santos, fue asesinado a tiros el 6 de septiembre por un sicario no identificado que conducía en una motocicleta por la calle principal de Tabatinga, una localidad fronteriza cerca del extenso territorio indígena del valle del Javarí. El área protegida alberga la mayor concentración de tribus aisladas del mundo.

Santos había trabajado durante 12 años para la agencia brasileña de asuntos indígenas, FUNAI, dirigiendo un punto avanzado estratégico donde dos ríos se adentran en las profundidades de la reserva de casi 85 500 kilómetros cuadrados, con una población estimada de 5000 habitantes indígenas. El puesto y su escaso personal son lo único que se interpone entre la abundante biodiversidad del Javarí y una posible invasión de leñadores y cazadores furtivos envalentonados.

El puesto de control ha sufrido ataques armados de intrusos en potencia en cinco ocasiones desde el comienzo del año, el más reciente de ellos el 21 de septiembre. Días después del penúltimo ataque, por parte de hombres armados no identificados en mediados de julio, los agentes de la FUNAI y una escolta de soldados del ejército pillaron a cazadores furtivos con las manos en la masa dentro de la reserva con 300 tortugas amazónicas amenazadas y un alijo de 40 000 huevos de tortuga.

Por toda la Amazonia brasileña, delincuentes de toda índole —cazadores furtivos, prospectores de oro, colonos con ansias de tierras, traficantes de drogas— traspasan las fronteras de los terrenos indígenas. Las iniciativas para proteger estas áreas —que para los expertos son un baluarte fundamental contra la deforestación— están fracasando. Para finales de agosto, el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil estimaba que ardían unos 3500 incendios dentro de las fronteras de casi 150 territorios indígenas. La presencia de tribus aisladas se ha documentado en al menos 13 de ellos.

«Todo esto pone a las tribus aisladas en mayor riesgo y las obliga a huir constantemente de las garras de estos grupos», afirmó Roque Paloschi, arzobispo de Porto Velho, Rondonia, y presidente del Conselho Indigenista Missionário, un grupo católico defensor de los derechos indígenas. El grupo denunció esta semana que las incursiones han aumentado de 111 en 76 territorios indígenas en 2018 a 160 en 153 territorios indígenas en los primeros ocho meses de este año.

«¿Qué destino les espera? ¿Cuántos grupos que viven en aislamiento se han visto afectados?», escribió Antenor Vaz, agente de campo de la FUNAI que ahora es consultor de asuntos relacionados con tribus aisladas, en una publicación digital.

Según los críticos, la estridente postura antimedioambiental del presidente brasileño Jair Bolsonaro y su desprecio descarado por los pueblos indígenas infunde una sensación de impunidad a estos delincuentes y una disposición al uso de la violencia contra quienes se interpongan en su camino. «Él no autoriza la violencia, pero su forma de hablar equivale a autorizarla», declaró el activista indígena Beto Marubo, enlace nacional de la Unión de Pueblos Indígenas del valle del Javarí.

Según Marubo, Santos, a quien los pueblos indígenas del Javarí llamaban cariñosamente Maxi, era un amigo muy respetado con una ética laboral ejemplar que perseveró ante el peligro. Los compañeros de trabajo y los líderes indígenas tachan su muerte de «asesinato» vinculado a su dedicación a la protección del territorio y de sus habitantes nativos.

El incidente ha provocado un profundo malestar. «Ha creado una atmósfera de inquietud por que pueda pasarte lo mismo si trabajas por los derechos indígenas o el medio ambiente o los derechos humanos», declaró Marubo.

Un aumento de la tala y la minería ilícitas

«La situación es crítica», afirmó Carlos Travassos, exdirector del Departamento de indígenas aislados y contactados recientemente de la FUNAI que asesora a los Guardianes del Bosque guajajara, un grupo de voluntarios indígenas que combaten la ola de tala ilegal en sus hogares de la Amazonia oriental. En los últimos meses, las operaciones ilícitas de tala han aumentado dentro del territorio indígena Araribóia, que los guajajara comparten con entre 60 y 80 nómadas awá no contactados.

Este año, de forma excepcional, los ladrones de árboles siguieron talando en Araribóia durante los meses lluviosos —de noviembre a junio— en lugar de esperar a que llegara la estación seca para proseguir con sus operaciones. Durante todo ese tiempo, según Travassos, los Guardianes del Bosque se han visto obligados a defenderse solos de los leñadores, las amenazas de muerte y, más recientemente, los incendios forestales. No han recibido apoyo alguno de las agencias federales responsables de garantizar el cumplimiento de la ley. «Hay una ausencia total de control en el territorio que podría disuadir de la explotación maderera», afirmó.

Resulta más alarmante que los leñadores lleguen hasta el corazón de la reserva para robar la preciada madera dura que sustenta la frágil ecología de la que dependen los awá para sobrevivir. «Quieren la madera en la misma zona en la que viven los awá-guajá aislados», afirmó Travassos, refiriéndose a la tribu con el nombre compuesto que emplean los antropólogos.

Por su parte, respondiendo a la indignación internacional por su indiferencia ante el drástico incremento de este año en los incendios de la Amazonia, el presidente Bolsonaro ordenó el despliegue de soldados del ejército y agentes de la policía federal sobre el terreno a finales de agosto, un intento tardío de frenar la destrucción. El despliegue ha proporcionado seguridad a los inspectores medioambientales que intentan frenar la tala ilícita, el desmonte y la prospección de minerales en áreas protegidas.

Con todo, los agentes del servicio de protección medioambiental brasileño (IBAMA) y sus escoltas de la policía federal sufrieron una emboscada el 30 de agosto cerca del Territorio Indígena Ituna-Itatá, en el estado de Pará, cuando intentaban desmantelar una operación ilegal de minería. Se cree que la reserva alberga una tribu aislada. El enfrentamiento se saldó sin víctimas.

Los políticos pro-Bolsonaro aprovecharon el momento para despotricar contra el IBAMA por la destrucción de la maquinaria pesada del lugar. Instaron a Bolsonaro a prometer que desautorizaría la destrucción de equipo por parte de agentes federales y que legalizaría las operaciones mineras en tierras indígenas.

«Es lamentable. Es triste. ¿En qué país vivimos?», declaró indignado Hilton Aguiar, congresista del estado de Pará partidario de reducir las protecciones medioambientales en favor de los intereses mineros y madereros. «No comprendo el discurso del presidente de la república. En un momento dice que va a suspender [la destrucción de equipo]. Al siguiente, ordena la persecución y el maltrato de las personas de nuestro estado, de nuestra región».

En todo Brasil, la reserva más invadida es el territorio indígena yanomami, a lo largo de la frontera norte con Venezuela. La Asociación Yanomami Hutukara sostiene que allí operan 20 000 prospectores de oro de forma ilegal. La FUNAI calcula que son menos: 7000. Cuando el ejército llegó a un campamento minero a principios de este mes, se toparon con una pequeño pueblo de 600 intrusos, con casas, tiendas e incluso una red de prostitución. Unos 25 000 yanomamis viven en comunidades dispersadas por toda la reserva. Con un contacto esporádico con el mundo exterior, son incapaces de detener la invasión.

Se han detectado niveles alarmantes de mercurio —un metal muy tóxico empleado para separar el oro de los sedimentos arenosos de la Amazonia— en los yanomamis que viven cerca de las operaciones, según un estudio de 2016 de la Fundação Oswaldo Cruz, una institución de investigación científica que trabaja en el fomento de la salud pública. Hace tres años, los agentes de la FUNAI informaron que una de las decenas de minas de oro ilegales del territorio está a unos días a pie de una comunidad yanomami aislada, por lo que se teme que el pueblo sea aniquilado por las enfermedades o por la violencia. Los presupuestos limitados y la falta de personal han impedido que la FUNAI responda a esta fiebre del oro.

Una mina de oro ilegal en 2016 en el territorio indígena yanomami, en el estado amazónico septentrional de Rondonia. Empleando mangueras presurizadas y mercurio tóxico para separar el oro de los suelos arenosos, los mineros ilícitos —conocidos como «garimpeiros»— provocan destrucción en la Amazonia. Miles de mineros operan en este territorio de forma ilegal y peligrosa. Se han detectado altos niveles de mercurio en los yanomamis que viven cerca o río abajo de las minas de oro.
Fotografía de Bruno Kelly, Reuters

En el estado amazónico de Rondonia, los miembros de la tribu uru-eu-wau-wau afirman que su territorio está siendo invadido por forasteros. Durante décadas, han mantenido relaciones de amistad con sus vecinos no indígenas. Pero ya no. «Nos dicen que nuestra tierra es tan grande que no la necesitamos», afirmó Awapy Uru-Eu-Wau-Wau, uno de los líderes jóvenes de la tribu, que recuerda las conversaciones recientes con sus vecinos, quienes se hacen eco de la retórica de Bolsonaro. «Antes eran nuestros amigos. Ahora son los enemigos».

Los activistas por los derechos indígenas temen que la reserva uru-eu-wau-wau, que alberga tres grupos indígenas aislados, sea engullida por una ola de prospectores y colonos en pocos años si el gobierno no interviene. Fiona Watson, del grupo Survival International, nos concedió una entrevista telefónica desde su casa, en Londres. Según ella, los nómadas aislados que vagan por las profundidades de la reserva podrían perecer sin que el mundo exterior se entere. Un miembro de la tribu uru-eu-wau-wau contó a Watson que los colonos le habían dicho que habían visto indígenas aislados en el bosque. «La próxima vez que los veamos, vamos a matarlos», se jactó supuestamente uno de los colonos.

El panorama no es del todo desolador. La FUNAI tiene pensado reabrir un puesto para controlar el flujo de suministros en las minas de oro ilegales del territorio yanomami este mismo año. A mediados de septiembre, un equipo conjunto de la FUNAI, el IBAMA y la policía federal destruyó casi 60 dragas auríferas que operaban ilegalmente en el río Jutai, en el flanco oriental de la reserva del Javarí. Según una fuente, las dragas exploraban un área peligrosamente cerca de la tribu de los flecheiros, que viven en aislamiento extremo.

Según Watson, no es suficiente que las autoridades organicen redadas puntuales para desbaratar las redes de minería y tala ilegal. «Tienen que perseguir a los peces grandes», declaró. «Tienen que empezar a llevar a la gente a juicio y a otorgar sentencias».

El asesinato de Maxciel Pareira dos Santos en Tabatinga ha aumentado la sensación de paranoia entre el personal de la FUNAI, que lleva desde marzo pidiendo a los líderes de la agencia que proporcionen medidas de seguridad a los agentes de campo expuestos a las amenazas crecientes. Hasta la fecha, sus solicitudes han sido desatendidas.

Una encuesta publicada el 24 de septiembre por el grupo de derechos indígenas Instituto Socioambiental demuestra que una gran mayoría de los brasileños están a favor de proteger los bosques que albergan a las tribus aisladas y no contactadas del país.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en nationalgeographic.com.

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