Extremadura, pionera contra la obsolescencia programada

Un teléfono móvil sin obsolescencia programada podría durar entre 10 y 12 años, y su software entre 6 y 8 años, según afirma Benito Muros, presidente de la Fundación Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada en declaraciones al diario BBC.

Esta práctica, cuyo origen se remonta a 1932, cuando el empresario Bernard London, en pleno auge de la producción en masa, se propuso terminar con la Gran Depresión fomantando un mayor consumo, aunque no fue hasta 1954 cuando su popularización llevó el término hasta las conferencias de publicidad.

Uno de los primeros objetos a los que afectó fue la bombilla incandescente, creada en un principio para durar toda una vida y rediseñada posteriormente para apagarse a las mil horas de uso. El nailon fue otro de los productos que inició esta línea de fabricación: las medias que nunca se rompían no daban dinero al mercado, por lo que se fabricó un nailon menos resistente que ha llegado hasta nuestros días.

Más allá de las propiedades técnicas, la obsolescencia inundó también el plano psicológico y estético en los años 60, donde el diseño y la  publicidad lograron calar en la mentalidad de la sociedad para que considerase algo obsoleto únicamente por moda.

Ya sea por el fin de su vida útil, por la imposibilidad de reparación debido a falta de recambios o debido a un software que no puede actualizarse más, como ocurre en la gran mayoría de móviles, miles de productos a nuestro alrededor conllevan un derroche continuo de recursos, tanto a nivel de materia prima como de residuos generados.

Incluso la llamada obsolescencia ecológica se apropia del argumento verde para justificar el abandono de aparatos antiguos por aquellos menos agresivos con el medio ambiente, en muchos casos sin tener en cuenta el gasto de fabricación, recursos, energía y generación de residuos.

Regulación rumbo a la alargascencia

El Grupo Parlamentario Socialista de Extremadura presentó una Propuesta de Ley del Estatuto de los Consumidores, en la que por primera vez se establecían unas líneas específicas que prohíben la obsolescencia programada, entendida como “el conjunto de técnicas por las que las empresas pretenden reducir deliberadamente la vida útil de un bien para aumentar la tasa de sustitución”.

Algunos partidos parlementarios consideraron que era insuficiente, por lo que el texto aprobado finalmente añade medidas dirigidas a las empresas como facilitadoras del servicio de reparación y mejora de la calidad y sostenibilidad de sus productos. Además, deberán asegurar un sistema que garantice una duración de vida mínima de los productos y ampliar las garantías.

A nivel comunitario, el pasado año 2017, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión Europea y a los estados miembros que comenzasen la lucha contra esta práctica. Su resolución fue finalmente aprobada con 662 votos a favor y tan solo 32 en contra. Nuestro país vecino, Francia, es el primer país que lo ha regulado tipificándolo como un delito, con multas de hasta 300.000 euros y penas de cárcel.

Hasta ahora, en España los avances al respecto habían sido escasos desde el mes de febrero de 2015, cuando el Gobierno se ciñó a lo que dictaba la Comisión Consultiva de Transformaciones Industriales, promoviendo la reutilización.

Suecia abre camino hacia la economía circular

Aunque la ley se haya mantenido prácticamente estática, diversas organizaciones y movimientos sociales promueven desde hace años tendencias que promuevan la economía circular.

La Asociación Amigos de la Tierra puso en marcha la campaña “Se merecen un 10”, que promueve que todos aquellos productos y servicios que provengan de la reutilización, reparación o alquiler, sean premiados con un 10% de IVA, siguiendo el ejemplo de Suecia que ha eliminado su carga impositiva para reactivar este sector y fomentar la economía circular.

Otras medidas como aumentar la garantía de los productos u obligar a los fabricantes a tener piezas de recambio a disposición del consumidor son otras de las normas necesarias para poner en marcha el cambio que logre acabar por fin con el famoso “me sale mejor comprarme uno nuevo” y abogue por un sistema que reduzca el despilfarro de recursos y los residuos, a la vez que promueve la economía local y el ahorro.