Los problemas legales de los protagonistas de «Tiger King» podrían transformar la industria

Los juicios, donde se han citado alimentos podridos, la separación de cachorros jóvenes de sus madres, animales desaparecidos y fraude, aspiran a poner fin a estas prácticas explotadoras.

Fotografías de Steve Winter
Publicado 16 abr. 2021 13:27 CEST
Los tigres miran a través de la verja en el G.W. Exotic Animal Park

Los tigres miran a través de la verja de su recinto desierto en el G.W. Exotic Animal Park en Oklahoma en 2018. Aunque ahora está cerrado, estas instalaciones donde se permitía acariciar cachorros y se criaban tigres y su expropietario Joseph Maldonado-Passage —más conocido como Joe Exotic— fueron el tema central de «Tiger King» de Netflix.

Fotografía de Steve Winter, Nat Geo Image Collection

Cuando Tim Stark huyó de Indiana en septiembre, su vida se derrumbaba a su alrededor. El propietario del zoo que apareció en la docuserie de Netflix Tiger King estaba perdiendo su medio de vida. Las autoridades estaban incautando sus leones, tigres, osos y decenas de animales más. Él y su zoo debían cientos de miles de dólares en multas por haber violado las leyes de bienestar animal. Tenía una orden de detención por, supuestamente, haber ocultado animales que iban a ser confiscados. El zoológico de Stark, Wildlife in Need, que recaudaba millones con sus sesiones de «juego» con cachorros de tigre, había colapsado.

A la fuga, Stark arremetió contra jueces, funcionarios y activistas por los derechos de los animales en una perorata de una hora por Facebook Live plagada de improperios. Sostenía que habían conspirado para negarle su derecho a tener y criar animales exóticos. Burlándose de la policía, esgrimió lo que parecía una granada de mano. «Estoy dispuesto a morir por aquello en lo que creo», dijo.

Tres semanas después, fue detenido en un bed-and-breakfast en el norte del estado de Nueva York y fue extraditado a Indiana, donde se lo acusaba de desacato en un condado y de un delito grave de intimidación de un agente de policía en otro.

Stark no es el único propietario de grandes felinos de Tiger King que está metido en problemas legales. En Estados Unidos, muchos de los grandes centros de cría donde también se permite acariciar a los cachorros afrontan demandas o acusaciones.

Aunque en Estados Unidos es legal criar y exhibir grandes felinos con los permisos pertinentes, Tiger King arrojó luz sobre las condiciones cuestionables de una industria lucrativa y poco regulada. Ahora, una serie de juicios cuestiona la legalidad de algunas prácticas habituales, como separar a los cachorros de sus madres y permitir que los turistas los acaricien, los alimenten con biberón y se saquen selfis con ellos. Las demandas y los juicios citan recintos sucios e inseguros; mala alimentación; atención veterinaria escasa o inexistente; compra, venta y transporte ilegal de especies en peligro de extinción a nivel nacional; y solicitar donativos que supuestamente benefician a empresas con fines de lucro.

Estos juicios civiles y penales tienen la posibilidad de reformar la industria, señala Brittany Peet, abogada en el grupo sin ánimo de lucro People for Ethical Treatment of Animals (PETA).

En Estados Unidos viven miles de tigres cautivos, la mayoría en zoos «de carretera» como el de Stark. Los expertos afirman que es probable que haya más en cautividad en Estados Unidos que los 3900 que se estima que viven en el medio natural en Asia. Las amenazas para los tigres del mundo van más allá del bienestar animal en estos centros donde permiten acariciar cachorros. El tráfico de huesos de tigre y otras partes de sus cuerpos desde centros de cautividad en China, Vietnam y en otras partes de Asia alimenta un mercado negro muy lucrativo que está empujando a los tigres salvajes hacia la extinción. En Estados Unidos, la laxitud de la ley ha permitido la explotación, el sufrimiento y el tráfico de miles de grandes felinos en peligro de extinción. La reciente ola de acciones legales podría cambiar la situación.

Joe Exotic, que vendía productos de su marca a los visitantes de zoo, está cumpliendo una sentencia de 22 años de cárcel tras haber sido declarado culpable de contratar un asesino a sueldo y matar, vender y transportar tigres ilegalmente.

Fotografía de Steve Winter, Nat Geo Image Collection

Los protagonistas de Tiger King en los tribunales

El extraño drama representado en Tiger King sacó a la luz la industria del turismo de tigres, con 34 millones de espectadores los primeros 10 días después de su estreno en marzo de 2020. La serie presentaba a Joseph Maldonado-Passage —más conocido como Joe Exotic— y a otros dueños de grandes felinos. Aunque para algunos espectadores se convirtieron en personajes excéntricos de culto, otros se quedaron conmocionados por lo que vieron. En un vídeo aparecía un tigre recién nacido, aún húmedo, siendo separado de su madre con un gancho metálico.

El propio «Tiger King», que en su día dirigió el Greater Wynnewood Exotic Animal Park en Oklahoma, está cumpliendo una sentencia de 22 años de cárcel. Fue declarado culpable de intento de asesinato por encargo de Carole Baskin, dueña de un refugio para grandes felinos; de matar a cinco tigres que no eran buenos para la cría; y otros cargos relacionados con el tráfico de animales.

En agosto de 2020, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) retiró la licencia para exhibir animales salvajes por maltrato y abandono «graves» al exsocio empresarial de Exotic, Jeff Lowe. Después, el pasado noviembre, el Departamento de Justicia demandó a Lowe, a su mujer Lauren y a su empresa por supuestamente violar las leyes de bienestar animal y la Ley de Especies en Peligro de Extinción. En un texto dirigido a National Geographic, Lowe describió las acusaciones como «absolutamente falsas... una simple venganza». En enero de este año, un juez ordenó que 14 de sus tigres fueran trasladados a un refugio debido a «condiciones potencialmente mortales».

Por su parte, el pasado octubre otro dueño de un zoo que apareció en Tiger King Bhagavan «Doc» Antle, propietario del Myrtle Beach Safari en Carolina del Sur— fue inculpado de cargos que incluyen el delito grave de tráfico de fauna silvestre y el delito leve de crueldad animal. El pasado diciembre, en un correo electrónico, Antle negó «cualquier acción o conducta que pudiera considerarse “crueldad animal”».

Estos y otros casos judiciales han expuesto la explotación y el maltrato de la industria de los grandes felinos, la mayor parte ocultos a los visitantes que pagan por pasar un rato y acariciar a los cachorros. Los grandes felinos son sometidos a un proceso de cría casi industrial para producir un suministro constante de cachorros y pocos visitantes se dan cuenta de que muchos de ellos mueren jóvenes. Aquellos que sobreviven son demasiado grandes y peligrosos para interactuar con las personas a las 12 semanas, según las normas del USDA. Estos cachorros suelen venderse a otras instalaciones, ser abandonados o simplemente desaparecen.

Bhagavan «Doc» Antle, propietario del Myrtle Beach Safari en Carolina del Sur, sostiene unos cachorros. Fotografía de 2019.

Fotografía de Steve Winter, Nat Geo Image Collection

Nada que perder 

Los documentos judiciales y los informes de inspección revelan lo grave que era la situación en el zoo de Stark, Wildlife in Need, años antes de que lo cerraran. A veces, Stark impedía inspecciones obligatoriasinsultando a los funcionarios del gobierno. Entre 2012 y 2016, los inspectores del USDA mencionaron más de 120 violaciones de la Ley de Bienestar Animal.

Stark alimentaba a los animales con carne caducada y animales atropellados, y los dejaba con agua verde plagada de larvas, según menciona el USDA. Los felinos vivían en recintos pequeños con desechos peligrosos y sus propias heces, sin refugio del sol ni la nieve. Los animales heridos o enfermos no eran examinados y muchos morían. Cuando Stark testificó, dijo que había «sacrificado» a un leopardo joven herido y enfermo con un bate de béisbol en 2012.

Los animales llegaban y desaparecían de forma regular sin los documentos legales necesarios. Durante una inspección, los funcionarios descubrieron 43 animales no documentados y no encontraron a otros seis que deberían haber estado allí.

Asimismo, los inspectores descubrieron recintos endebles que, según dicen, suponían un «riesgo considerable» para el público. Durante los encuentros interactivos, los cachorros de tigre mordían y arañaban a los clientes y corrían de forma descontrolada. En 2013, un vecino disparó a un leopardo que vagaba libre. Stark negó que fuera suyo.

A pesar de citar a Wildlife in Need por numerosas violaciones durante años, el USDA renovó automáticamente la licencia de Stark cada año, de conformidad con su política habitual. Al final, en febrero de 2020, el departamento se la revocó. Un juez le impuso una multa de 40 000 dólares y otra de 300 000 a Wildlife in Need.

Aunque el USDA tomó medidas en este caso, el departamento ha recibido críticas durante años por la mala aplicación de la Ley de Bienestar Animal, que según los defensores de los derechos de los animales establece normas de cuidados mínimas. Cathy Liss, presidenta de Animal Welfare Institute, una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington D.C., dice que la lucha contra estos delitos se debilitó aún más durante el gobierno de Trump: hubo un descenso del 93 por ciento en las multas y las suspensiones de licencias, de 239 en 2016 a 17 en 2019.

Está por ver en qué medida aplicará el USDA la Ley de Bienestar Animal durante el gobierno del presidente Joe Biden. En un correo electrónico, un portavoz del Secretario de Agricultura Tom Vilsack, que ocupó el mismo puesto durante el gobierno de Obama, declaró que el «USDA hará pleno uso de sus autoridades para aplicar la ley y garantizar el cuidado y trato humanitarios de los animales... de acuerdo con la AWA [siglas en inglés de Ley de Bienestar Animal]».

En los tribunales por maltrato animal

Carney Anne Nasser, una fiscal especializada en derecho sobre animales, dice que es probable que una demanda muy mediática de PETA contra Stark en 2017 fuera lo que empujó al USDA a actuar. PETA alegaba que el trato de Stark de los cachorros violaba la Ley de Especies en Peligro de Extinción, conforme a la cual es ilegal dañar u hostigar a especies protegidas a nivel federal, tigres incluidos.

PETA también ha demandado con éxito a varios zoos de carretera de acuerdo con la Ley de Especies en Peligro de Extinción y algunos jueces han reconocido explícitamente que la ley se aplica tanto a animales cautivos como aquellos en el medio natural.

“Es importante que la gente se dé cuenta de que estos [lugares] pueden ser una tapadera para industrias lucrativas de maltrato animal.”

por CURTIS HILL, EX FISCAL GENERAL DE INDIANA

La demanda del grupo a Dade City’s Wild Things fue una de las victorias más importantes contra esta industria, cuenta Peet. Este centro de Florida permitía acariciar a los cachorros, criaba en masa y comerciaba con tigres y tiraba a los cachorros en una piscina con cloro para una experiencia de «nadar con tigres» que costaba 200 dólares. PETA ganó el caso en marzo de 2020, cuando un juez descubrió que la propietaria Kathy Stearns y su hijo Randall Stearns habían violado una orden judicial de no trasladar a sus felinos: en 2017, habían enviado 19 felinos a Joe Exotic en un remolque para ganado sin aire acondicionado ni agua en pleno julio. Una tigresa dio a luz durante el viaje de más de 1900 kilómetros; los tres cachorros fallecieron. El tribunal prohibió de forma permanente que la familia Stearns tuviera tigres y Kathy Stearns aún afronta acusaciones en Florida por supuestamente utilizar donativos para sufragar sus gastos personales.

El asunto de PETA contra Dade City’s Wild Things sentó un precedente importante. «Esa fue la primera sentencia federal que dictaba que separar a los cachorros [de tigre] de sus madres de forma prematura, utilizarlos en encuentros públicos y confinarlos en condiciones deficientes viola la Ley de Especies en Peligro de Extinción» afirma Peet.

Varios meses después, otro juez dictó la misma opinión en el caso de PETA contra Stark, fortaleciendo el precedente y expandiéndolo para incluir cachorros de león e híbridos de tigre y león. El juez escribió en su decisión que estas prácticas causan «daños graves, en muchos casos mortales». Además, dictaminó que cortar las garras a los grandes felinos, para lo que hay que amputarles parte de las patas, viola la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

Seudosantuarios

Los propietarios de estos centros también están siendo investigados por sus transacciones financieras.

Cuando estudió las cuentas de Wildlife in Need, el estado de Indiana dijo que había identificado «transferencias bancarias de cientos de miles de dólares desde las cuentas de [Wildlife in Need] a traficantes de animales conocidos o supuestos», según una moción que presentó el pasado julio.

El 7 de abril de 2021, el juez de ese caso descubrió que Stark estaba empleando ilegalmente los donativos a Wildlife in Need —una organización sin ánimo de lucro fundada en 1999 para «rescatar, rehabilitar y devolver especies indígenas al medio natural»— para comprar animales y pagar gastos personales como comida, gasolina y otras facturas.

Los contribuidores «fueron embaucados», declaró el año pasado Curtis Hill, que entonces era el fiscal general de Indiana. «Es importante que la gente se dé cuenta de que estos [lugares] pueden ser una tapadera para industrias lucrativas de maltrato animal».

El tribunal ordenó a Stark que devolviera el dinero y le prohibió permanentemente que tuviera animales.

Muchos zoos de carretera están registrados como «centros de rescate» o «santuarios» sin ánimo de lucro, una categoría que les concede exenciones fiscales y permite que soliciten donativos. Con todo, pocos cumplen los requisitos, señala Lisa Wathne, que supervisa la protección de fauna cautiva en la Humane Society of the United States, una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington D.C.

Un verdadero santuario nunca cría, compra, vende ni comercia con animales, explica. Los acoge de por vida y les proporciona alimentos, recintos y atención veterinaria adecuados. En Estados Unidos, la mayoría recibe la acreditación de la Global Federation of Sanctuaries. Cualquier otra cosa es un «seudosantuario», dice.

Doc Antle está a caballo entre ambos mundos. En el lucrativo Myrtle Beach Safari, los visitantes compran paquetes para interactuar con «animales embajadores», entre ellos cachorros de tigre y de lobo. Su organización sin ánimo de lucro, Rare Species Fund, recauda donativos para, entre otras cosas, «educar al público acerca de cuestiones de conservación a través de animales embajadores». En un periodo de cinco años, entre 2014 y 2018, la organización sin ánimo de lucro gastó más de un millón de dólares en donativos —una media anual de 210 000 dólares— en alimentos, atención y recintos para los animales, según un análisis de sus declaraciones de impuestos federales. Estos gastos representan más de dos tercios de su gasto total. El otro tercio, unos 100 000 dólares anuales, de media, fue otorgado como subvenciones para otras organizaciones.

Aunque le pedimos una declaración respecto a las cuentas de la organización sin ánimo de lucro, Antle no respondió.

Nesser afirma que procesar un fraude financiero «será el clavo en el ataúd de los zoos de carretera. Con el coste de alimentar a los tigres, que es de hasta 7000 dólares anuales, muchos no podían seguir abiertos sin aceptar donativos de forma fraudulenta».

Por su parte, estos felinos cautivos no tienen valor para la conservación. Nunca los liberarán en el medio natural ni los utilizarán para aumentar las poblaciones salvajes. «Si los tigres salvajes se volvieran tan escasos como para tener que usar la población criada en cautividad, utilizaríamos animales de programas de cría acreditados, no los felinos endogámicos e insanos de un zoo de carretera», afirma John Goodrich, director del programa de tigres en Panthera, una organización de conservación con sede en Nueva York.

Animales confiscados

Cuando Stark perdió la demanda interpuesta por PETA en agosto de 2020, el juez le ordenó que entregara los 22 tigres, leones e híbridos de tigre y león restantes, así como cuatro cachorros de león que había enviado ilegalmente a Jeff Lowe en 2019. Ese mismo mes, el juez del caso por fraude de Stark ordenó poner en bajo custodia temporal al resto de sus animales.

El 11 de septiembre, con la protección de unos 50 agentes de policía y agentes federales, el Zoo de Indianápolis empezó a llevarse a 161 animales. Cuando no pudieron encontrar a 23 animales, el estado acusó a Stark de ocultarlos y un juez ordenó su detención. Fue entonces cuando Stark se dio a la fuga.

Días después, PETA se llevó a los grandes felinos. Algunos estaban tan delgados que se les veían las costillas, dice Peet. Un león estaba inconsciente; otro, paralizado. Los felinos fueron enviados a dos santuarios acreditados, Turpentine Creek Wildlife Refuge en Arkansas y el Wild Animal Sanctuary en Colorado.

Cuando Pat Craig, fundador del Wild Animal Sanctuary, condujo hasta Oklahoma para recoger a los cachorros de león que Stark había enviado a Lowe, solo había tres. PETA se enteró de que uno había muerto semanas antes. Los otros «estaban en condiciones horribles», pequeños y delgados, cuenta Craig. Nala, una hembra, solo podía dar unos pocos pasos sin caerse. Una radiografía reveló que tenía fracturas en las piernas que no habían sido tratadas, causadas por una enfermedad ósea metabólica debido a su mala dieta. Craig dice que, con una alimentación adecuada y atención veterinaria, las fracturas de Nala se han curado y se prevé que sobrevivirá.

Los Estados Unidos de América vs. los Lowe 

El panorama legal de esta industria está cambiando, caso por caso, pero la demanda federal interpuesta en noviembre contra Jeff Lowe, su mujer Lauren y su empresa podría ser la de más peso.

Normalmente, el Departamento de Justicia no litigia casos de bienestar animal. Aceptaron este porque Lowe se burló de la ley públicamente, explica Jonathan Brightbill, el fiscal del Departamento de Justicia que lleva el caso. Brightbill describió las acciones de Lowe como «una forma de evasión muy agresiva».

Después de que el USDA suspendiera la licencia de Lowe para exhibir animales salvajes en agosto, Lowe renunció a ella de forma permanente para evitar la supervisión del gobierno, indica el Departamento de Justicia. Los Lowe enseguida empezaron a utilizar su nuevo «Tiger King Park» como plató privado. Pero para «exhibir» animales en la televisión y en redes sociales también se requiere una licencia del USDA, explica Delcianna Winders, abogada por los derechos de los animales que dirige la Animal Law Litigation Clinic de la Facultad de Derecho Lewis y Clark en Portland, Oregón.

La demanda del Departamento de Justicia «incluye 110 páginas de pruebas que detallan uno de los [casos] de maltrato y abandono de grandes felinos y primates más extremos que he visto documentados», dice Nasser. «El asunto contra los Lowe supone la acción de aplicación de la legislación civil más agresiva contra una persona que exhibe animales en la historia de la Ley de Bienestar Animal».

Los Lowe, que figuran entre los mayores criadores de tigres, ya no podrán poseer ni exhibir especies en peligro de extinción si pierden el caso.

El futuro de los selfis con cachorros de tigre

Los casos contra los dueños de felinos que aparecieron en Tiger King ya han afectado a la industria. En su apogeo, Joe Exotic decía tener más de 200 tigres. Cientos de felinos pasaron por el zoo de Tim Stark. Ambos están cerrados. Y los destinos de Antle y Lowe pronto se decidirán en los tribunales.

El Congreso también ha intervenido. En enero, se reintrodujo en el Congreso el primer proyecto de ley federal del país para regular la tenencia de grandes felinos. La Ley de Seguridad Pública de Grandes Felinos prohibiría la tenencia privada de grandes felinos y acariciar a cachorros. Otra propuesta de ley, la Ley de Mejora de Cumplimiento del Bienestar Animal, reforzaría las normas de los permisos e impondría una aplicación más sólida de las leyes de bienestar animal. También permitiría que los particulares demanden a los exhibidores por maltrato conforme a la Ley de Bienestar Animal. No se ha reintroducido en el Congreso actual.

La situación ha cambiado drásticamente respecto a hace una década, cuando se podía comprar un cachorro como mascota o sacarse selfis con cachorros en mercadillos, ferias del condado o centros comerciales, señala Winders, y es probable que pronto haya más cambios.

Estas acciones legales contra dueños de zoológicos «son una señal de advertencia» para la industria, dice. «Estos casos han demostrado que la crueldad inherente a estas actividades es ilegal».

Este artículo se publicó originalmente en inglés en nationalgeographic.com.

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