El impuesto a los gases de las vacas llega a Nueva Zelanda

En este pintoresco país del Pacífico Sur, es una escena recurrente: "Donde crece la hierba, pasta el ganado". 

Nueva Zelanda tiene siete veces más habitantes en cuatro patas que en dos (5 millones de personas para 26 millones de ovejas y 10 millones de vacas) y los productos lácteos, la carne y la lana representan más de la mitad de los ingresos de exportación del país. 

Pero esta abundancia tiene un coste medioambiental. La mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero de Nueva Zelanda proceden de la agricultura, sobre todo en forma de metano biológico y óxido nitroso procedente de los eructos del ganado, la orina y el estiércol. 

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Por eso, en octubre de 2022, la entonces primera ministra Jacinda Ardern [anunció su dimisión en enero de 2023] presentó un plan para que los ganaderos neozelandeses paguen nuevos impuestos basados en el cálculo de las emisiones de sus rebaños. El dinero recaudado por el impuesto se devolvería a la industria agrícola para la investigación, la tecnología y el pago de incentivos a los agricultores por sus esfuerzos para reducir los gases de efecto invernadero, plantando árboles en sus tierras, por ejemplo.
 
La semana siguiente a la publicación del plan, un grupo de defensa llamado Groundswell NZ organizó protestas en más de 50 ciudades y pueblos de todo el país. Los agricultores condujeron sus tractores lentamente por las concurridas autopistas y calles de las ciudades, obstaculizando el tráfico. En el centro de Auckland, un tractor llevaba un cartel con el mensaje "No muerdas la mano que te da de comer". Otras pancartas decían "Ya es suficiente" y "Impuesto agrícola = Muerte a la NZ rural".

Los ciudadanos de la nación insular debatieron la propuesta de Ardern mientras los líderes mundiales se reunían en Egipto en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático COP-27, para revisar los compromisos de reducción de emisiones establecidos en el Acuerdo de París de 2015. Mientras muchos países persiguen sus compromisos climáticos centrándose en el dióxido de carbono y en la limpieza de sus industrias y redes eléctricas, el perfil de Nueva Zelanda es diferente. Sólo aporta alrededor del 0,17% de las emisiones mundiales. Y ya obtiene el 82% de su electricidad de fuentes renovables.

En un intento de reducir aún más las emisiones, el Gobierno neozelandés buscó donde más abundan: en las granjas.

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Lo mejor para el mundo

Ardern anunció el plan fiscal (el primero de este tipo y que lleva casi tres años de elaboración) en una granja lechera de la Isla Norte del país. Hablando desde fardos de heno apilados en un podio, declaró: "Aquí tenemos una propuesta para que nuestros agricultores sean no sólo los mejores del mundo, sino los mejores para el mundo". Predijo que los agricultores kiwis encontrarían una ventaja competitiva con los clientes de todo el mundo, que están dispuestos a pagar una prima por alimentos de origen responsable.

Ardern proyectó que el nuevo sistema permitiría al país cumplir su objetivo de emitir un 10% menos de metano para 2030, y avanzar hacia una reducción de al menos el 24% para 2050. También para mediados de siglo, Nueva Zelanda pretende llegar a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de larga duración, como el dióxido de carbono y el óxido nitroso. 

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Los críticos se abalanzaron sobre el plan del Gobierno el día que se anunció. Greenpeace argumentó que no iba lo suficientemente lejos y que no cumpliría los objetivos de reducción. El Partido ACT de Nueva Zelanda, que se sitúa en la oposición al Gobierno laborista que preside Ardern, destacó la posibilidad de que la producción se desplace a otros países menos eficientes y se sume a las emisiones globales.

La respuesta más contundente vino de Federated Farmers, el mayor grupo de presión agrícola de Nueva Zelanda, que dijo que el plan "destriparía a las ciudades pequeñas de Nueva Zelanda".

James Shaw, ministro neozelandés de Cambio Climático, acompañó a Ardern en el anuncio. Más tarde se sentó para una entrevista con National Geographic, en su despacho del Parlamento de esta capital portuaria. "Por lo que sabemos, ningún otro país está estudiando un sistema de precios de las emisiones" para las emisiones agrícolas, dijo Shaw. "Hay planes en todo el mundo que son sistemas de incentivos, de modo que los Gobiernos pagan a los agricultores para que reduzcan las emisiones de alguna manera. Este sistema tiene un componente de ese tipo, pero es una zanahoria y un palo, no sólo una zanahoria".

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Los agricultores maoríes son los más afectados

En Kiwitea, ciudad de la Isla Norte, Andrew Hoggard acababa de ordeñar sus 540 vacas y las había devuelto a los pastos, cuando se detuvo para una entrevista telefónica. Además de ser productor de leche, Hoggard es también el presidente nacional de los Agricultores Federados. 

Nueva Zelanda debería reconsiderar sus objetivos de reducción, en particular el de reducir el metano en un 10% en esta década, afirma Hoggard: "El Gobierno se ha limitado a tomar esa cifra como titular y no ha mirado los detalles". 

A corto plazo, Hoggard dice que le preocupan menos los productores de leche que los de carne de vacuno y de oveja, a los que, según los modelos del Gobierno, afectaría de forma desproporcionada el nuevo sistema fiscal. 

Se calcula que una cuarta parte de las explotaciones de vacuno y ovino de Nueva Zelanda son propiedad de maoríes. Como herencia de la colonización británica en Nueva Zelanda, los maoríes se quedaron con tierras que a menudo son marginales o de baja calidad. Su explotación puede ser difícil y los cambios de uso pueden resultar poco prácticos. 

Shaw sugirió que algunas de estas tierras marginales podrían ser objeto de importantes inversiones para el secuestro de dióxido de carbono. Hoggard prevé otro resultado: que las tierras se retiren de la agricultura, dejando a sus propietarios en busca de trabajo.

Alguien tiene que ser el primero

El Gobierno está solicitando opiniones sobre el plan propuesto hasta el 18 de noviembre, y espera presentar un informe final a finales de año. Según el calendario actual, si el Parlamento presenta y aprueba la legislación en 2023, el sistema fiscal debería entrar en vigor en 2025. Pero antes llega 2024, un año electoral en el que los neozelandeses, incluidos los 85 000 empleados de la agricultura, pueden hablar con sus votos.

Durante nuestra entrevista, Shaw reflexionó sobre el alcance potencial de este plan para reducir las emisiones agrícolas. "Sabemos que el sistema que estamos desarrollando aquí es importante para nosotros", dijo, "pero también sabemos que hay muchas posibilidades de que se adopte, o de que algunos de sus elementos se adopten, en otros países también, con el tiempo".

Shaw señaló que algunos críticos de la propuesta han objetado "que nadie más lo está haciendo, así que ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros? Pero alguien tiene que ser primero". Y para tener alguna esperanza de detener el cambio climático, dice, "tenemos que hacerlo todos". 

"Desde mi punto de vista", concluye Shaw, "se trata de que Nueva Zelanda reduzca sus emisiones. Pero en cierto modo se trata de que seamos un rompehielos para que el resto del mundo nos siga".