Uganda se une al movimiento por los derechos de la naturaleza, pero no dejará de perforar petróleo

La decisión de Uganda aspira a proteger la biodiversidad de un megaproyecto petrolero que, según dice, mejorará las vidas de la gente.

Publicado 3 jun. 2021 12:29 CEST
Cataratas Murchison

La cima de las cataratas Murchison, uno de los lugares naturales más majestuosos de África. El gobierno ugandés ha accedido a permitir la perforación de petróleo en el parque nacional de las cataratas Murchison.

Fotografía de Yasuyoshi Chiba, AFP/Getty Images

El rift Albertino, que atraviesa el África oriental ecuatorial, alberga una de las mayores biodiversidades del planeta. Esta red colosal de montañas, valles, humedales y sabanas ocupa poco más del 1 por ciento de la superficie del continente africano, pero en ella viven más de la mitad de sus aves, el 40 por ciento de sus mamíferos y unas 500 especies de plantas y animales que no se encuentran en ningún otro lugar.

En el sector septentrional de esta maravilla geológica, una escarpadura desciende hasta una llanura cubierta de hierba, flanqueada por el lago Alberto en la frontera entre Uganda y la República Democrática del Congo, y el parque nacional de las cataratas Murchison, uno de los tesoros naturales de África. Allí, en esa vasta extensión y parcialmente dentro del parque, dos gigantes del petróleo están llevando a cabo los últimos preparativos para explotar las vastas reservas de crudo que se encuentran bajo el rift.

El descubrimiento en 2006 del mayor yacimiento terrestre del África subsahariana transformó este país empobrecido en una de las fronteras petroleras más buscadas y polémicas. El gobierno de Uganda ha prestado su apoyo con la esperanza de que los proyectos Tilenga y Kingfisher, los nombres de estos campos petroleros vecinos, también transformen la suerte de su población. Más de la mitad de los ugandeses viven en la pobreza y casi un tercio está en el paro. El proyecto ofrece la posibilidad de 6000 nuevos puestos de trabajo, la mayoría para ugandeses.

En 2019, a medida que tomaba forma la escala del proyecto de extracción de petróleo, el gobierno tomó una decisión paradójica: adoptó una ley medioambiental revolucionaria que podría proteger el frágil hábitat donde se centra el proyecto. La ley reconoce formalmente los derechos de la naturaleza de la misma forma que se reconocen los derechos humanos y permite que la naturaleza se nombre como parte perjudicada en un litigio por «cualquier infracción» de dichos derechos.

Al tratar bosques, lagos y otros ecosistemas como seres vivos y recoger el derecho de la naturaleza «a existir, persistir, mantenerse y regenerarse», Uganda se ha unido a un creciente movimiento global para reconocer el valor del mundo natural como un igual en lugar de un recurso que explotar, y se ha convertido en el primer país africano que lo hace.

Al menos 14 países han aprobado medidas para proteger los derechos de la naturaleza desde 2008, cuando Ecuador añadió las protecciones a su constitución. Los lugares naturales tienen «derecho» a demandar; se nombran organismos de custodia en estos países que sirven como el rostro humano del ecosistema durante las consultas y las audiencias judiciales.

«Este es un marco legal nuevo y drástico que da voz a la naturaleza», afirma Grant Wilson, director ejecutivo del Earth Law Center, un grupo medioambiental con sede en Colorado. «Es un nuevo ADN para el sistema legal».

Algunos países han concedido personalidad a lugares únicos y venerados, entre ellos el río Atrato de Colombia y el río Whanganui de Nueva Zelanda, adorado por el pueblo indígena maorí. En Australia, esta primavera, el ayuntamiento de Blue Mountains, una localidad cerca de Sídney, se convirtió en el primero que incorpora el concepto de los derechos de la naturaleza a sus actividades. Y en mayo se presentó una demanda por los derechos de la naturaleza en el condado de Orange, en Florida, en nombre de varios cursos de agua conforme a la ley por los «derechos de la naturaleza» que los votantes aprobaron el pasado noviembre. La demanda sostiene que varios arroyos y humedales corren riesgo de ser destruidos por una propuesta de construcción de viviendas que ocuparán casi 770 hectáreas.

Una jirafa de Rothschild pasta en el parque nacional de las cataratas Murchison.

Fotografía de Ami Vitale, Nat Geo Image Collection

 

Philippe Sands, abogado y profesor de Derecho en el University College London que se especializa en derechos humanos y cuestiones medioambientales, cree que el movimiento es «un gran cambio de conciencia». Las leyes sobre los derechos de la naturaleza «son expresiones de un reconocimiento de que no siempre podemos colocarnos como el centro de todo», dice.

Continúa el desarrollo de campos petroleros 

Los campos petroleros se están desarrollando en las tierras ancestrales del pueblo bagungu, una comunidad agrícola y pesquera en el oeste del distrito rural ugandés de Buliisa, a orillas del lago Alberto. Varios lugares naturales sagrados están repartidos por la región y la comunidad ha observado la construcción del proyecto petrolero con creciente inquietud.

En abril, las autoridades gubernamentales de Uganda y Tanzania firmaron acuerdos finales con la multinacional petrolera francesa TotalEnergies y un gigante con sede en Pekín llamado China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) para extraer casi 1700 millones de barriles de una zona de perforación de 1100 kilómetros que se extiende en parte dentro del parque nacional y bajo un humedal reconocido por la Unesco. A continuación, el petróleo se bombeará a través de 1450 kilómetros por el oleoducto caliente más largo del mundo hasta la ciudad portuaria del océano Índico de Tanga, en Tanzania. El oleoducto atraviesa hábitats fundamentales para la fauna y la flora, y el puerto está rodeado de manglares y arrecifes de coral. Los observadores internacionales estiman que el proyecto desplazará a miles de agricultores. La primera exportación de petróleo está prevista para 2025.

Desde la cima del abismo que da al lago Alberto, pueden verse grandes camiones que levantan nubes de polvo a lo largo de una nueva carretera construida por los chinos que atraviesa pastizales prístinos. Las apisonadoras aplanan la superficie mientras los babuinos salen de entre la maleza para observar el ajetreo a lo largo de la orilla oriental del lago hacia los campos petrolíferos del parque nacional. Ya se están instalando carreteras de acceso y pozos petrolíferos en la zona de extracción que rodea la casa de una sola planta y de ladrillos de barro de Alon Kiiza, un anciano bagungu de 88 años en la tranquila localidad de Buliisa.

«Perforar en busca de petróleo perturba el ecosistema», dice. «El espíritu de la tierra no conecta bien con estas máquinas».

Contenedores de crudo en un sitio de sondeos de exploración, propiedad de China, al sudeste del lago Alberto, en el oeste de Uganda, el 24 de enero de 2020.

Fotografía de Yasuyoshi Chiba, AFP/Getty Images

El auge petrolero de Buliisa también ha provocado la llegada de trabajadores migrantes, lo que intensifica las presiones en el paisaje a medida que se dispara la demanda de madera, leña y agua.

Los líderes políticos locales, atraídos al principio por la promesa de puestos de trabajo, están alarmados. «Necesitamos desarrollo. La gente es pobre», afirma Kubalirwa Nkuba, presidente del consejo local. «Pero no queremos una situación en la que haya petróleo y se destruya el medioambiente. Cuando se agote el petróleo, ¿qué pasará?».

Derechos de la naturaleza con raíces en la cultura indígena

Aunque las leyes sobre los derechos de la naturaleza parezcan pioneras, sus raíces están en el antiguo pensamiento indígena. Los 370 millones de personas indígenas del mundo representan el cinco por ciento de la población global, pero viven en tierras que protegen el 80 por ciento de la biodiversidad del planeta. Durante milenios, han preservado hábitats comprendiendo cómo, cuándo y dónde cazar, cultivar y pescar sin agotar los ecosistemas, aunque sus prácticas intrincadas fueron descartadas como «paganas» o «primitivas» por un mundo colonizado y rápidamente industrializado.

Los activistas afirman que pueden establecer un vínculo directo entre la desaparición de los sistemas de creencias tradicionales y la pérdida de hábitat y biodiversidad, y para proteger el medioambiente, deben restaurarse dichas voces indígenas marginadas. En otras palabras, los derechos humanos y los derechos de la naturaleza van de la mano; unos no pueden conseguirse sin los otros, afirma Margret Kagole, anciana ugandesa del grupo minoritario bagungu. «Nuestras leyes pueden preservar estas tierras».

En África se han llevado a cabo iniciativas para rehabitar las prácticas indígenas durante más de 40 años, cuando en 1981 los jefes de estado adoptaron la Carta Africana, un pacto internacional cuyo fin es descolonizar las instituciones del continente y fomentar los derechos humanos.

Desde entonces, las comisiones creadas por la carta se han centrado en restaurar la posición de los pueblos indígenas, enfatizando el papel que desempeñaron sus sistemas de gobierno precoloniales en la protección de la biodiversidad.

«Es posible que las personas revivan tradiciones y reconecten con la naturaleza, que es fundamental en el contexto del cambio climático», afirma Liz Hosken, directora de la Gaia Foundation, que apoyó la campaña para fomentar que el gobierno de Uganda aprobara la ley de los derechos de la naturaleza. «Pero han sido tan demonizados que están tardando un tiempo en volver a creer en su historia».

Alon Kiiza, un guardián de lugares naturales sagrados de 88 años, se sienta frente a su casa en Buliisa entre su mujer y Dennis Tabaro, un medioambientalista ugandés.

Fotografía de Jack Losh

 

Dennis Tabaro, medioambientalista ugandés que colabora con Hosken en Buliisa, el asentamiento principal del proyecto petrolífero de Tilenga, ha trabajado para sacar a una «generación perdida» de ancianos indígenas de las sombras para que desempeñen un papel más influyente en la creación de protecciones ambientales. En un ejemplo de ello, el pasado diciembre el consejo del distrito aprobó una ordenanza que reconoce las leyes tradicionales de los bagungu y su derecho a proteger los lugares de importancia natural y espiritual. La ordenanza también crea un organismo de vigilancia dirigido por autoridades y ancianos indígenas para supervisar la conservación de la zona.

Las protecciones legales no siempre están garantizadas

Christina Voigt, experta en derecho ambiental internacional de la Universidad de Oslo, afirma que las leyes sobre los derechos de la naturaleza muestran «indicios prometedores de que pueden elevar el nivel de protección». Pero advierte que son «una herramienta dentro de una caja de herramientas de medidas legales. Una no excluye a la otra».

Y las acciones legales por los derechos de la naturaleza no siempre ganan. En 2017, después de que un tribunal indio concediera la categoría legal de persona al venerado río Ganges y a su principal afluente, el río Yamuna, el Tribunal Supremo de la India revocó la orden, diciendo que era legalmente insostenible. En un caso similar en 2020, después de que los votantes de Toledo, Ohio, aprobaran una medida electoral para conceder la condición de persona al lago Erie, un tribunal federal la anuló por considerarla demasiado vaga.

La ley de derechos de la naturaleza de Uganda incluye una cláusula que establece que el gobierno puede elegir qué lugares naturales deben ser protegidos por la ley y cuáles no, lo que crea una laguna preocupante. El gobierno está redactando un reglamento que guiará la toma de decisiones sobre las protecciones, como el desarrollo de yacimientos petrolíferos continúa a buen ritmo, los activistas temen que el reglamento llegue demasiado tarde.

Un portavoz de TotalEnergies, al que la empresa no quiso nombrar, declaró que la empresa petrolera francesa había identificado y mitigado los riesgos sociales y medioambientales de acuerdo con las normas internacionales, «para limitar estrictamente el impacto en las comunidades locales y, en la medida de lo posible, ayudar a mejorar su calidad de vida», ofrecimiento de compensaciones a las personas desplazadas, entre otras medidas.

«Total es plenamente consciente de las posibles repercusiones para las comunidades locales», dijo el portavoz, y añadió que «las partes interesadas son informadas y consultadas en cada paso de la ejecución del proyecto». Los activistas cuestionan el nivel de transparencia de la empresa.

Las autoridades de Uganda reconocen las aparentes incoherencias en las iniciativas para equilibrar las demandas opuestas. «La ley de derechos de la naturaleza refleja la seriedad con la que el gobierno considera la naturaleza y lo mucho que hará para protegerla», dice Naomi Karekaho, portavoz de la Autoridad Nacional de Gestión Ambiental de Uganda. «Esto no significa que no haya desafíos. La naturaleza tiene sus propios derechos. Pero también los tienen las personas y el desarrollo».

Reducir la pobreza «es una prioridad mayor para nosotros que mitigar el cambio climático», añade Karekaho.

Los derechos de la naturaleza reflejan un cambio generacional

Los abogados ugandeses creen que sus mejores oportunidades pasan por moderar el proyecto, no detenerlo, y que citar la ley de derechos de la naturaleza podría ayudar. «Soy realista desde el punto de vista jurídico», dice Frank Tumusiime, cuya organización medioambiental sin ánimo de lucro, Advocates for Natural Resources & Development, ayudó a crear esa ley. «El proyecto de Tilenga es un hecho consumado. Deberíamos centrarnos en el plan de mitigación».

Sin embargo, con el tiempo, el valor real de las leyes de derechos de la naturaleza puede ser no tanto su fortaleza para proteger el medio ambiente, sino que indican un cambio de paradigma en este momento crítico para el planeta.

«La ley nunca es el único medio para alcanzar un fin mayor. Es el reflejo del cambio, y eso es la ley ugandesa», dice Sands, el abogado. «El verdadero cambio sólo se producirá cuando la próxima generación de adjudicatarios haya crecido en una conciencia que integre un enfoque más ecocéntrico. Y eso llevará su tiempo».

Este artículo se publicó originalmente en inglés en nationalgeographic.com.
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